La banca alerta del alza de consultas e inquietud en clientes de alto patrimonio

El impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Gobierno ha anegado a bancos, gestoras de patrimonio y bufetes de consultas de clientes preocupados por su impacto y cómo podrían limitar el golpe. El Ejecutivo pretende imponer un gravamen temporal (2023 y 2024) a aquellas personas, unos 23.000 contribuyentes, con patrimonios superiores a los 3 millones de euros. El tipo gravará, en función de la riqueza, entre el 1,7% y el 3,5%, con el objetivo de recaudar 1.500 millones de euros.

El anuncio, del que aún falta por conocer el texto, ha hecho sonar los teléfonos de los principales bancos de inversión y despachos de abogados ante las dudas de los afectados, cuya inquietud principal es asesorarse de la posibilidad de un cambio de residencia para eludir el gravamen. De momento, el sector descarta una fuga de capitales porque el tributo se establece sobre todo el patrimonio mundial y, en correlación, también que pueda afectar a sus balances.

No obstante, sí alerta de la pérdida de atractivo de España como residencia para aquellos ciudadanos, sobre todo extranjeros, que manejan grandes inversiones cuando más interesa al país y advierten de su hartazgo por los constantes bandazos fiscales. "Hemos recibido muchas llamadas, sobre todo, de contribuyentes con residencia en Madrid y, en general, estamos notando un aumento de las consultas sobre algo que es muy complicado, que es hacer un cambio de residencia fiscal a otro país, porque requiere que el contribuyente se vaya a vivir y pase más de 183 días en el país de residencia y exige, además, que la mayor parte de su patrimonio no esté situado en España", confiesan en un banco privado de referencia.

"Claro que notamos preocupación en los clientes y un poco también de enfado con nuestros gobernantes y políticos porque se está utilizando la fiscalidad como moneda de cambio electoral", afirman en una gestora de grandes patrimonios. "Se detecta un interés creciente por asesorarse en esta materia y, en general, en materia de impuestos que gravan el patrimonio, junto con la necesidad de valorar los efectos potenciales aún cuando todavía no hay ningún texto legal aprobado", precisa el director del área de Empresa Familiar y Cliente Privado de KPMG Abogados, José Luis López Hermida, quien aconseja que "no deben tomarse decisiones con consecuencias importantes".

"Lo que más inquieta a los inversores, nacionales e internacionales, y a las empresas familiares también, es la incertidumbre e inseguridad jurídica. Tú puedes conocer un territorio con una carga impositiva alta o compleja, pero si las reglas de juego están claras haces tus modelos financieros, tus estructuras y acometes las inversiones. El problema, la incertidumbre y la inquietud viene cuando esas reglas se cambian a mitad del partido, que es lo que está pasando en los últimos años, a cada rato", sanciona el socio de Tax de Ontier, Jaime Peiro. Según este fiscalista, también anida un "desconcierto" ante la "aparente falta de coherencia" fiscal nacional, porque "cuando se lanzan determinados mensajes de bajar impuestos desde las autonomías el Gobierno no pasa un día para reaccionar en sentido contrario y neutralizarlas".

Traslado a 2023

A la hora de dar respuesta, desde una banca privada reconocen como positivo que no vaya a entrar en vigor en 2022 "porque hay inversores que llevan años preparando su estructura patrimonial ante una posible vuelta del impuesto sobre el patrimonio y otros no han hecho nada. Imagínate que entrase en vigor en 2022, no tendrían posibilidad de anticipación y de planificar su patrimonio. "A la espera de un mayor desarrollo técnico se impone la prudencia, especialmente de cara a la realización de eventuales movimientos patrimoniales que, en todo caso, deben ser analizados desde una perspectiva global", aconseja la director de Grandes Patrimonios y Empresa Familiar de PwC Tax and Legal, Lucía Coto.

Al respecto, todos los expertos consultados coinciden en que poco se puede planificar sin conocer la letra pequeña de un tributo que, además, arroja "dudas sobre su constitucionalidad" y la potencial litigiosidad con su aplicación. Entre las muchas incógnitas Coto apunta, por ejemplo, los criterios de valoración de los bienes y derechos a declarar, la exención o no por vivienda habitual, el efecto con las tenencias en empresas familiares o la forma de aplicación del conocido límite conjunto renta patrimonio.

Precisamente y según el experto de Ontier, los mayores damnificados podrían ser aquellos con tenencia de empresas familiares o con altos patrimonios no líquidos si les afecta, aunque parece inicialmente que ahí se mantendrán las reglas del Impuesto de Patrimonio. La razón es que si no tienen efectivo o liquidez para pagar el gravamen se verían obligados a desinvertir o "liquidar la empresa para poder pagar". "Podría ser absolutamente dramático", alerta.

A modo de conclusión, los expertos consultados por este periódico destacan dos errores en la configuración de este nuevo tributo. De un lado, consideran que distorsiona competencias y la capacidad normativa de las autonomías para romper su autonomía financiera y de otro critican que estos instrumentos repelen la atracción de inversión y de riqueza. "Esos dos elementos son absolutamente desacertados en un momento de crisis como la que se avecina", espetan.