La gran banca estará en desventaja fiscal con las entidades extranjeras

El impuesto "temporal y extraordinario" con el que el Gobierno prevé recaudar 3.000 millones de euros en dos años dejará en desventaja fiscal a la gran banca nacional frente a entidades extranjeras y, previsiblemente también, frente a entidades pequeñas como las cajas rurales y cooperativas de crédito si fija, como se ha anticipado, un umbral mínimo de 1.000 millones en ingresos para aplicar la retención.

Expertos consultados creen que, en función del impacto en cuenta, podría limitar la capacidad competitiva o abrir una ventana de oportunidad a entidades foráneas y pequeñas para ganar negocio con mejores ofertas comerciales al estilo de lo que se ve en depósitos bancarios con la banca extranjera digital.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el nuevo tributo en el debate del Estado de la Nación el martes pasado, pero la complejidad que reviste obliga a afinar en su diseño para garantizar la efectiva aplicación –evitarse, por ejemplo, pleitos por doble imposición– y poco se sabe aún de la figura.

Solo ha transcendido que el Ministerio de Hacienda estaría analizando gravar los ingresos por intereses y comisiones con una tasa del 5%, emulando al IVA y el impuesto del 8% sobre las primas de seguros, aunque no sería la única fórmula sobre la mesa y en el sector dicen desconocer la letra pequeña.

Reunión con el sector

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha citado el viernes a los principales responsables en banca (Banco de España, grandes entidades como Santander, BBVA, CaixaBank o Sabadell; y las tres patronales AEB, CECA y Unacc) para ofrecerles detalle y desde el sector financiero esperan que les presente un gravamen ya definido, sin mucho margen para reconfigurarlo.

Entre las dificultades que entraña el nuevo tributo figura la complejidad fiscal de la banca, evitar la doble imposición y la escasez de referencias, aunque la Comisión Europea llegó a analizar la Activity Tax (FAT) que podría inspirar el tributo, planteada en 2010 por el Banco Internacional de Pagos de Basilea.

Quejas desde Euskadi

La intención del Gobierno es tenerlo listo para llevar la Proposición de Ley al Congreso pronto y que se apruebe antes del 31 de diciembre para que pueda aplicarse contra el ejercicio 2022 y en 2023, en un calendario ya apretado. "Hay muy poco margen para la negociación si quieren que entre en vigor el 1 de enero de 2023", indican desde el Gobierno vasco, que reclaman "respetar el Concierto Económico" para recaudar el impuesto.

Según expertos fiscalistas hay precedentes de tributos no concertados en origen, como el que grava el valor de producción energética para financiar el déficit tarifario y que cobra el Estado, pero "normalmente se conciertan" porque es la fórmula para establecer las reglas de juego. La competencia permite a Euskadi decidir en algunos tributos si los aplica o no y cómo, o acordar con el Gobierno recibir un porcentaje de lo recaudado. Como hipótesis podría, incluso, en algún supuesto exonerar de su gravamen a entidades o negocios en su geografía lo que aumentaría la desventaja para la gran banca con esas entidades, indican fuentes fiscales.

Desde el Ejecutivo vasco recuerdan a Sánchez que la presentación de las medidas debería haberse guiado por la cooperación institucional para garantizar una aplicación ágil.

Cuestión de responsabilidad

El mensaje que sí ha repetido de manera reiterada el Gobierno es que estará vigilante para evitar su traslación al consumidor. La vicepresidenta económica apeló ayer a la responsabilidad de la banca. "Es momento de arrimar el hombro y estoy segura que el sector financiero lo entiende", dijo ayer en entrevista a TV3 recogida por Servimedia, convencida de que "los primeros que están interesados en hacer las cosas bien son los propios bancos" por "su propia reputación e imagen".

Sin embargo, varios expertos consultados creen que su traslación será "inevitable" si finalmente la tasa va directa a los ingresos como parece y ven casi imposible monitorizar las políticas comerciales para evitar que se repercuta cuando, precisamente, los precios en los créditos están subiendo antes, incluso, de que el Banco Central Europeo (BCE) haya iniciado los aumentos en los tipos para doblegar la inflación. El euribor ronda hoy el 1,1%, cuando en diciembre estaba en el -0,5%; mientras que el precio en las hipotecas se ha más que multiplicado por dos en pocos meses.

Lo que ven cuestionable es que frene el crédito, ya que las entidades continuarán otorgando financiación a los clientes que presenten el perfil de solvencia exigible. No obstante, las entidades ya han reconocido al BCE que endurecieron la concesión de crédito en el segundo trimestre del año y lo harán aún más en el tercero por la incertidumbre actual.