La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Luis Medina y a Alberto Luceño del delito de estafa agravada en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia. Según la sentencia, no se ha podido probar que ambos empresarios engañaran a los funcionarios responsables de la adjudicación de los contratos.
Sin embargo, la resolución judicial sí condena a Alberto Luceño por delito fiscal, al no haber declarado a Hacienda los millonarios ingresos que obtuvo con la operación.
Un fallo que desmonta la acusación de estafa
El caso, que se convirtió en un símbolo de la gestión irregular de contratos públicos durante la crisis sanitaria, ha concluido con una sentencia que no considera acreditado el engaño al Consistorio madrileño.
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba 15 años de prisión para Luceño y nueve para Medina, al considerar que ambos empresarios inflaron los precios de los productos sanitarios para obtener comisiones desproporcionadas sin que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de ello.
Sin embargo, los magistrados han concluido que los funcionarios del Ayuntamiento sí conocían el precio de fábrica de las mascarillas, guantes y test adquiridos a la empresa malaya Leno, y que aceptaron voluntariamente los términos del contrato. De este modo, la Audiencia considera que no existió un engaño suficiente para configurar el delito de estafa.
Comisiones millonarias por material sanitario defectuoso
El contrato firmado en plena emergencia sanitaria ascendió a 11 millones de euros, de los cuales 4,3 millones fueron posteriormente devueltos al Ayuntamiento tras constatarse que los guantes entregados no cumplían con las especificaciones acordadas.
En total, se adquirieron: un millón de mascarillas, 250.000 test rápidos y 2,5 millones de pares de guantes.
De la operación, Alberto Luceño se quedó con una comisión de 4.623.350 euros, mientras que Luis Medina recibió 912.700 euros.
Las cantidades obtenidas por los empresarios, y los lujosos bienes adquiridos con ellas —como coches de alta gama, relojes de lujo y yates—, provocaron un enorme revuelo público y político cuando se destapó el caso.
Luceño, condenado por delito fiscal
Aunque la Audiencia no ha encontrado pruebas suficientes para condenar a los empresarios por estafa, sí ha determinado que Alberto Luceño cometió delito fiscal al no haber declarado correctamente sus ingresos a la Agencia Tributaria.
El tribunal ha considerado que Luceño eludió el pago de impuestos sobre las millonarias comisiones obtenidas y, por ello, ha sido condenado en firme por fraude fiscal.
Un caso mediático con repercusiones políticas
El escándalo de las mascarillas, como fue bautizado en los medios, generó una fuerte controversia en el ámbito político y empresarial. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, quedó en el centro del debate al aprobar una operación que, según la sentencia, no fue fraudulenta, pero que sí resultó altamente lucrativa para los intermediarios.
A pesar de la absolución en el delito de estafa, este caso ha puesto de relieve las irregularidades y la falta de controles en la adjudicación de contratos de emergencia durante la pandemia, un episodio que seguirá generando debate en la opinión pública.
