La empresa que pidió ayuda a Leire Díez logró hasta doce prórrogas fiscales de la Agencia foral de Vizcaya

La Agencia foral de Vicaya concedió hasta doce aplazamientos de pagos fiscales de casi 175 millones de euros a distintas sociedades del Grupo Hafesa, la compañía presidida por el investigado Alejandro Hamlyn y que pidió ayuda a la enviada del PSOE, Leire Díez.

De acuerdo a una denuncia presentada por una firma de la competencia ante la Fiscalía de Anticorrupción, a la que ha tenido acceso este periódico -aún pendiente de admisión a trámite-, la sociedad DBA Bilbao Port, administrada también por Hamlyn y perteneciente al grupo, se habría beneficiado de siete aplazamientos por un importe total de 136,1 millones de euros, siendo el último concedido el 16 de diciembre de 2024, pese a que la matriz del grupo se encontraba ya investigada en la Audiencia Nacional por una supuesta defraudación de cuotas de IVA por importe de 154 millones de euros entre los años 2016 y 2019.

Otras compañías del conglomerado como Hafesa Distribución Oil SigloXXi, Hafesa Participaciones y Hafesa Suministro de Hidrocarburos, se beneficiaron asimismo de otras cinco prórrogas, cuyas solicitudes tendrían "la finalidad de eludir el pago del IVA", según la parte denunciante.

De acuerdo a la denuncia, debido a los aplazamientos, la deuda contraída del grupo habría ido en aumento, alcanzando "importes millonarios sin que la Agencia foral haya adoptado medidas de garantía de ninguna clase ya sea acordando embargos o suspendiendo cautelarmente su actividad para evitar el incremento de la deuda existente".

Una maniobra que, según consta en el escrito, es considerada por la Audiencia Nacional –en procedimientos seguidos por delito fiscal en el sector de los hidrocarburos, que es, precisamente, la causa por la que se le investiga a la sociedad– un "mecanismo defraudatorio empleado para engañar a la Administración tributaria mediante falsas promesas de ingreso nunca producidas". En este sentido, el denunciante hace referencia a una sentencia del 16 de julio de 2024, que avala que la solicitud de aplazamientos responde a "una clara voluntad defraudatoria" y considera "inexplicable el comportamiento de la Agencia foral" al haber concedido los aplazamientos a cambio de una garantía "inválidamente constituida".

La denuncia concluye apuntado a que el fraude estaría siendo cometido con la supuesta colaboración de las sociedades Gunvor Internacional BV y Gunvor Marketing España, "quienes de manera recurrente están vendiendo cantidades de producto a Grupo Hafesa obteniendo con ello márgenes de beneficio irregulares". El Grupo Gunvor está dirigido por el empresario José Enrique Alarcón, quien trabajó para Gaslow, otra operadora a la que se le atribuiría un fraude de 111 millones de euros y que estaría relacionada también con Claudio Rivas, el socio de Víctor de Aldama.

La compañía, que ha atendido a este periódico, asegura que "Gunvor no tiene conocimiento de ninguna denuncia presentada contra la empresa, ni contra ningún empleado en relación con este asunto. Además, como proveedor, Gunvor no estaría involucrado en las reclamaciones de declaración de IVA de ningún cliente".

El empresario -investigado por blanqueo de capitales y que tiene pendiente aún el juicio por presunto fraude de Hafesa, la operación 'Drake', que fue aplazado el pasado mes de mayo- se encuentra fuera de España, en Dubai, lo que evidencia "la ausencia absoluta de ánimo cumplidor en el pago de los aplazamientos", según la parte denunciante que expone, asimismo, que el empresario habría contado con la "colaboración profesional de Bruno Álvarez Amenaga –en su día Inspector de Hacienda adscrito a la Agencia foral de Bizkaia–". En la denuncia, en este sentido, hacen referencia a un Auto de incoación que afirmaría la existencia de indicios de que este último se habría "beneficiado de la venta de información confidencial por un miembro de la Policía Nacional investigado en el proceso".

En la reunión que Hamlyn mantuvo con Leire Díez –a la que también asistieron el abogado Jacobo Teijelo y el empresario y supuesto colaborador de Ferraz, Javier Pérez Dolset para desprestigiar a la UCO– Hamlyn alardeó, de hecho, de que la sociedad contó, presuntamente, con la ayuda de otro alto cargo para lograr beneficios fiscales: "Quiero que se me arregle lo de la Foral, que le debo la de dios de pasta por intereses [...]. Antes estaba Íñigo que era con quien trabajaba yo y ahora Íñigo se ha jubilado y la Hacienda quiere que le ponga ahora unos avales".

Según fuentes consultadas, el hombre al que se refiere Hamlyn sería, presuntamente, Iñigo Ormaetxea, subdirector de Recaudación de la Foral de Vizcaya. En el encuentro, el empresario pidió además una condonación de la deuda que tiene Hafesa de 225 millones de euros con la Agencia Foral de Vizcaya.