Defensa dispara la contratación a dedo y deja sin justificar el 95% de los contratos

El Gobierno ha triplicado las adjudicaciones a dedo como consecuencia de los contratos de Defensa, hasta superar los 6.000 millones de euros en 2023. Esa es una de las principales conclusiones del último Informe Anual de Supervisión elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un órgano independiente, pero adscrito a la Subsecretaría de Hacienda.

El informe recoge una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la que se asegura, además, que la contratación en el ministerio que lidera Margarita Robles "no se ajusta a los prescrito en la normativa". Y es que, según la IGAE, en el 94,67% de los expedientes analizados no se ha publicado la justificación de haber adjudicado el contrato a dedo en la Plataforma de Contratación del Estado, tal y como establece la legislación.

Y, del mismo modo, en el 77,7% no se ha hecho pública la resolución de aprobación del expediente y en el 50% ni siquiera se ha publicado el contrato pese a ser preceptivo. Todo ello justo cuando el Gobierno acaba de anunciar un aumento del gasto en defensa de 10.740 millones de euros para pasar del 1,4% del PIB en el 2024 al 2% en el 2025 y cuando, según recuerda OIReScon, desde la Unión Europea se está haciendo una especial énfasis en controlar la contratación pública para evitar los casos de corrupción.

El repunte

El informe del organismo supervisor apunta que en 2023, el último ejercicio analizado, el volumen adjudicado de forma negociada y sin publicidad en el sector público estatal se elevó a 6.088 millones de euros, lo que supone tres veces más respecto a los 1.980 millones de 2022 y un 60% por encima de los 3.785 millones de 2021. OIReScon recuerda que este tipo de licitaciones había alcanzado el máximo histórico en 2020 por razones de emergencia durante la pandemia, pero señala también que desde entonces había registrado una caída continua.

El repunte ahora ha supuesto un cambio de tendencia y este tipo de licitaciones ha pasado en solo un año de representar el 7,45% del total de la contratación al 16,84%. ¿La razón? El organismo supervisor deja claro que "este volumen tan destacado viene provocado por los contratos licitados en 2023 en el ámbito funcional de la defensa".

En conjunto, ese año hubo en España 196.763 adjudicaciones públicas por un importe de 107.557 millones de euros. Aunque la gran mayoría se licitó bajo un procedimiento ordinario, OIReScon advierte de que hubo igualmente 16.627 contratos por 10.900 millones que se adjudicaron directamente dedo, de forma negociada y sin publicidad.

La cifra supone ya un 10,04% del total de la contratación nacional, teniendo en cuenta tanto la llevada a cabo por la administración estatal como por las autonómicas y las locales. Es un 49,13% más respecto al año anterior y se produce en un momento en el que, según la IGAE, se están produciendo irregularidades ante el descontrol en la contratación por parte de casi el 80% de los ministerios que, en muchos casos, ni siquiera verifican el cumplimiento de los objetivos.

La Intervención General del Estado apunta a que solo en el 9,52% de los departamentos ministeriales el gestor realiza una adecuada programación de las partidas presupuestarias de la contratación pública, mientras que en el casi 60% de los casos, o bien el gestor no realiza ninguna programación, o bien ésta presenta "deficiencias significativas". Es decir, que no hay un documento que detalle ni los contratos previstos, ni su calendario ni su presupuesto.

Y debido, precisamente, a esa falta de programación en más de un 47% de los casos no se ha podido constatar si existe o no una coherencia "adecuada, deficiente o con deficiencias significativas" entre la planificación contractual y la partida presupuestaria. En cualquier caso, la Intervención General del Estado establece que sería recomendable que los departamentos ministeriales elaboren manuales que recojan el procedimiento de elaboración de la programación de la contratación pública y que, además, enlacen esa programación de la actividad contractual con la estrategia global del ministerio y con las previsiones presupuestarias.

Entre otras cosas, el organismo recomienda que los ministerios lleven a cabo un procedimiento para verificar el cumplimiento de los objetivos de la contratación y, frente a las adjudicaciones a dedo, que se adopten "medidas que garanticen el completo cumplimiento del régimen de publicidad prescrito en la normativa" . Se han de impulsar "medidas para incrementar el número de licitadores con el fin de contribuir a una mayor competencia que redundaría en beneficios para la Administración", concluye la Intervención General de la Administración del Estado.