La Audiencia Nacional acuerda la apertura de diligencias contra la trama empresarial que financió a Alvise

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha admitido a trámite las tres denuncias presentadas contra la trama Madeira Club Investment, la red que financió de forma presuntamente ilegal al eurodiputado Alvise Pérez, el líder del partido político Se Acabó La Fiesta con 100.000 euros. El titular de instrucción considera que la actividad de la red, que captaba el ahorro de inversores prometiendo rentabilidades de más del 50%, se trata de "una supuesta estafa piramidal".

En un auto, el juez Calama considera que, una vez que los hechos son susceptibles de constituir una defraudación, aparecen con "meridiana claridad" que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que, por tanto, serían competencia de la Audiencia Nacional por el número de perjudicados, que asciende a los 2.000 afectados, y la cuantía de lo supuestamente defraudado. El magistrado, no obstante, ha rechazado elevar al Tribunal Supremo la causa para investigar a Alvise, que goza de aforamiento en su condición, a la espera de acreditar "indicios de responsabilidad".

El empresario Álvaro Romillo y su padre, Domingo Romillo, junto a otros socios, crearon este complejo entramado empresarial que, al menos, suma 26 sociedades y llegó a estafar, presuntamente, 600 millones de euros a más de 2.000 inversores, tal y como adelantó este periódico. El eurodiputado acudió a Romillo, precisamente, por su posición como CEO de Madeira Invest Club

Dada la compleja red societaria, que operaba en España, Portugal, Estonia, República Dominicana y Estados Unidos, el magistrado alerta que será necesario emplear "instrumentos de cooperación jurídica internacional" para la localización de los activos financieros estafados. Este procedimiento, no obstante, discurre con independencia de la causa que investiga si el eurodiputado llevó a cabo un delito de financiación ilegal en el cobro de los 100.000 euros de dinero negro que Romillo le había entregado.

La principal demanda contra la trama la ha presentado el despacho de abogados Zaballos, que reúne ya a más de 300 afectados por la red, y ha reclamado que se decrete una orden de búsqueda y captura contra Romillo, que se encuentra en paradero desconocido y que presuntamente habría huido del país en un yate con bandera de Malta, valorado en 26 millones de euros. Algunas de las sociedades implicadas en la trama se estarían, de hecho, vaciando patrimonialmente como es el caso de PKW Italien, que gestiona un concesionario de coches de lujo que entre el 12 y el 15 de septiembre fue desocupado completamente.