Del Rivero, expresidente de Sacyr, pide 11 años de cárcel para Francisco González por espiarle tras entrar en BBVA

Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, reclama 11 años de prisión para Francisco González y Ángel Cano, expresidente y exconsejero delegado de BBVA y la misma pena para el excomisario José Manuel Villarejo. En el escrito de acusación presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el caso del espionaje, al que ha tenido acceso elEconomista.es, Del Rivero reclama, en concreto, siete años y seis meses para cada uno de ellos por un delito continuado de cohecho activo, además de otros de inducción a descubrimiento y revelación de secretos y otros tres años y seis meses por un delito continuado de falsedad de documento.

BBVA contrató a Villarejo por primera vez para evitar el asalto de la constructora Sacyr, presidida entonces por Del Rivero, a BBVA. El directivo recuerda en su escrito de acusación la "preocupación" al respecto de Francisco González, que "venía dada por el interés empresarial legítimo mostrado desde Sacyr, apoyada por un grupo de accionistas tradicionales del BBVA, en adquirir una participación significativa de la entidad bancaria". Como consecuencia de este lícito interés empresarial, según el representa legal de Del Rivero, "desde el BBVA se llevaron a cabo acciones defensivas que fueron mucho más allá de la legalidad: tanto una brutal campaña mediática en diferentes medios de comunicación de diverso signo con un objetivo común (desprestigiar tanto la operación como a aquellos involucrados en ella, y hostigar a las personas componentes del llamado Grupo Hostil) como una flagrante vulneración de la intimidad y privacidad de mis representados consistente en seguimientos personales y análisis del tráfico de sus llamadas privadas".

Después de que el instructor del caso, el juez Manuel García Castellón propusiera llevar a juicio a BBVA y a Francisco González, Del Rivero apunta ahora en su escrito de acusación, además, al director de Seguridad del banco, Julio Corrochano, como el gran protagonista de la trama que involucra al BBVA durante casi dos décadas en la contratación de la "organización criminal creada por Villarejo", pues conocía al excomisario de su paso por el cuerpo policial. Según el escrito de acusación, tanto Corrochano como otros altos cargos de la entidad azul, eran, de hecho, conocedores de las contrataciones y los actos ilegales.

"Siempre que lo necesitaba, BBVA contrataba a la organización criminal Grupo CENYT, dirigida por el Comisario Villarejo para que éste, a través de sus empresas y de sus funciones públicas, hiciera el trabajo sucio de, y para, la entidad bancaria", asegura en su escrito Del Rivero. El banco contrató al Grupo CENYT, según el expresidente de Sacyr, porque, "por las especiales características de las investigaciones, se entendió que necesitaban al Comisario Villarejo". De hecho, y tal como informó este periódico el pasado día 13 de septiembre, el excomisario contaba con un amplio dispositivo humano y tecnológico. Eran, en concreto, ocho equipos humanos, doce coches y cinco motos para la vigilancia terrestre, tres vehículos para comunicaciones, equipos de transmisión dúplex, sistemas de audio, dispositivos de captación de información y comunicaciones, software y hardware para acceder a determinados bancos de datos y sistemas de captación de imágenes y vídeos en situaciones adversas.

No obstante, en el escrito de acusación, Del Rivero solicita tanto a Villarejo como a su socio, Rafael Redondo, "el decomiso de las ganancias del delito o su valor económico equivalente, específicamente el importe abonado por el grupo BBVA al Grupo CENYT"; pues, las cantidades facturadas son "ganancias derivadas del delito". La cifra ascendería a unos 10 millones de euros por los servicios contratados desde 2004 hasta 2018. Servicios que, tal y como señala el documento, parecen "más propios de una película de espías", pero que "han supuesto una violación de la intimidad de mis representado y sus familias (aparte de otras numerosas personas físicas).