El consorcio tributario para Cataluña se atasca en el Supremo por el traspaso de inspectores

El consorcio tributario se ha convertido en la pieza central de las negociaciones entre PSC y ERC para formar gobierno en Cataluña. Sin embargo, el despliegue de este órgano paritario entre el Estado y la Generalitat, llamado a recaudar el 100% de los impuestos en la comunidad, se topará con dificultades legales. Entre otras, una sentencia del Tribunal Supremo que en 2015 anuló el traspaso de funcionarios de Hacienda a la Administración autonómica. Justamente la situación que se daría en caso de aprobarse el consorcio, que refundiría en un único ente las plantillas de la Agencia Tributaria nacional y la Agencia Tributaria autonómica.

Los magistrados del alto tribunal fallaron en contra de las pretensiones de la Generalitat de crear una pasarela ad hoc para que los inspectores y gestores tributarios del Estado se integraran en la Agencia Tributaria de Cataluña. El Supremo declaró inconstitucionales dos disposiciones adicionales de la ley que regula este organismo catalán al entender que vulneraban el carácter abierto de los procesos de acceso a la función pública.

Como recuerdan fuentes sindicales, el Ejecutivo autonómico articuló este procedimiento para reunir los efectivos con que poner en marcha su propia agencia tributaria. Ante la necesidad de contar con suficientes trabajadores, sobre todo los más especializados, se creó un mecanismo de "integración voluntaria" a través de lo que la sentencia describe como "pruebas restringidas".

Ambas disposiciones especificaban que podían enrolarse en la Agencia Tributaria catalana "los funcionarios que tengan asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo y que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalitat o en los entes del sector público que de ella dependen".

El tribunal consideró que este mecanismo de pruebas restringidas no encajaba en la normativa. La regulación solo contempla dos excepciones a las convocatorias generales de empleo público: la promoción interna y las medidas de discriminación positiva.

"No estamos ante un supuesto de promoción interna, pues los destinatarios del proceso han de 'pertenecer a cuerpos y escalas del subgrupo A1 de otras administraciones públicas' (...) o 'pertenecer a cuerpos y escalas del subgrupo A2 de otras administraciones públicas'", argumentaron los magistrados.

"Resulta evidente que tampoco es un caso de discriminación positiva, pues no se determina ningún grupo en situación desfavorable que requiera un mejor trato que el resto de posibles participantes", razonó respecto al segundo supuesto.

Fracaso en 2008

Este precedente no es baladí. En caso de que el consorcio tributario echase a andar, el personal de la Agencia Tributaria estatal destinado en Cataluña y de la Agencia Tributaria autonómica se pondrían en común en una única estructura bajo el control de la Generalitat.

Si no se pudiera ejecutar la absorción de los empleados de Hacienda, la Generalitat se vería obligada a retrasar la puesta en marcha del nuevo órgano ya que debería lanzar un proceso de selección de personal para cubrir todas las plazas necesarias. "Esta sentencia pone condiciones al despliegue del consorcio. No parece fácil que los trabajadores pudieran pasar rápidamente al nuevo organismo, no sería una integración automática ya que hablamos de dos cuerpos de dos niveles administrativos distintos", apunta una fuente sindical.

De hecho, esta coyuntura fue una de las razones por las cuales el consorcio no llegó a buen puerto cuando se intentó implantar por primera vez en 2008.

Recelo de los inspectores

Se añade el hecho de que el colectivo afectado no ve con buenos ojos la iniciativa del PSC. Pese a que el consorcio recabó el aval del Tribunal Constitucional cuando se reformó el Estatut, la asociación IHE (Inspectores de Hacienda del Estado) ha advertido sobre los perjuicios que acarrearía en la lucha contra el fraude económico y la transparencia informativa.

"El principal activo de la Agencia Tributaria es la información que contiene en su base de datos, que cruza todas las fuentes de juzgados, Seguridad Social, declaraciones... hoy en día ya tenemos un agujero negro con el País Vasco y Navarra", trasladó recientemente en una entrevista a este medio José María Peláez, vocal de IHE.

Al margen de las dificultades técnicas, sean sobre el traspaso de funcionarios o las complejidades operativas del nuevo órgano tributario, el destino del consorcio se decidirá exclusivamente a nivel político.

Las negociaciones entre PSC y ERC se han intensificado en las últimas semanas y han entrado en una fase decisiva con la vuelta de Marta Rovira de Suiza, donde ha estado huida durante seis años. La inminencia de un pacto entre las cúpulas de ambas formaciones sobrevuela los mentideros políticos, aunque cabe recordar que cualquier acuerdo deberá ser refrendado por las bases del partido independentista.