La justicia abre diligencias contra el novio de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental

El Juzgado de Instrucción Nº. 19 de Madrid ha abierto diligencias contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tras detectar dos supuestos delitos de fraude fiscal y falsedad en documentos mercantiles.

A raíz de la denuncia formulada por la Fiscalía, la jueza también ha abierto diligencias contra tres presuntos cómplices de González que residen en Sevilla y el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer.

La investigación se centra en los indicios delictivos en la declaración de los Impuestos de Sociedades de los años 2020 y 2021. Además, también pone el foco en el presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado "unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer", según explica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una nota. Debido a todo esto, el contribuyente habría dejado de ingresar a Hacienda 1550.000 en 2020 y 195.951 euros en 2021. "Ambos incumplimientos constituyen delitos de fraude fiscal por exceder del límite fijado de 120.000 euros", dicta el auto.

Según la Fiscalía de Madrid, el novio de Ayuso habría pagado 350.000 euros menos en impuestos. Esto fue a raíz de las comisiones de dos millones de euros que percibió, presuntamente, por intermediar en la venta de mascarillas entre FCS Select Products y Mape Asesores. Todo esto surge por un informe de la Agencia Tributaria que inició la investigación hace dos años, cuando detectó "movimientos sospechosos" tras la pandemia. Por ello, la Fiscalía está investigando dos sociedades de González Amador: Maxwell Cremona Ingeniería y Masterman & Whitaker Medical, dedicadas a prestar servicios sanitarios y del sector de cosmética y farmacia, respectivamente. De hecho, la primera empresa multiplicó por seis los ingresos entre 2019 y 2020, hasta los 2,3 millones de euros.

El hermano de Ayuso

No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid está en el foco por un presunto caso de fraude. Su hermano también fue investigado por intervenir en la compraventa de mascarillas, durante las primeras semanas de confinamiento, por parte de la región; sin embargo, en marzo del año pasado todo se esclareció y salió impune.

El caso no pasó a manos de los jueces, pues la Fiscalía Europea archivó su investigación tras confirmar que los 1,5 millones de euros que pagó el Gobierno regional a Private Sportive SL —una empresa de un amigo de la presidenta— a cambio de traer 250.000 mascarillas para uno de los pabellones de Ifema, no fue un precio inflado de manera irregular. Todo esto fue denunciado por Pablo Casado y tuvo como consecuencia su dimisión como presidente del Partido Popular.