La trama de los alineadores dentales 'low cost': odontólogos sin homologación podrían incurrir en delitos de intrusismo

La empresa rusa-jordana Impress, que forma parte del negocio "low cost" de los alineadores dentales invisibles, está siendo investigada en nuestro país por "irregularidades". Con el surgimiento de varias denuncias hechas por sus pacientes por "negligencia médica" e "incumplimiento de contratos" se está realizando una investigación y peritajes por abogados de las víctimas, las cuales incluso, podrían llegar a la Audiencia Nacional. Paralelamente, este periódico ha indagado en los perfiles de algunos profesionales de la empresa dental que no están colegiados y que, mediante una aplicación, realizan el seguimiento odontológico de los pacientes cometiendo un "delito de intrusismo".

Hablamos de algunos casos de odontólogos que forman parte del equipo de Impress que no tienen homologación, o que están en "proceso" de conseguirla, que no aparecen en el listado oficial de dentistas colegiados de España y que al actuar dentro de los tratamiento de pacientes españoles sin estar reconocidos por la entidad, cometen un "delito de intrusismo", según el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM).

Una de las denuncias individuales por "negligencia médica" del negocio de Impress es la que ha puesto Beatriz, de 35 años. Al igual que miles de españoles tomó esta opción de los alineadores dentales invisibles por la comodidad de recibirlo en la casa y no tener que ir a una consulta constantemente, por el corto tiempo que dura el alineador, y, aunque no es su caso, porque es altamente "más económico" que los tratamientos de ortodoncia tradicionales.

Esta abogada de profesión, impulsada por la publicidad como ha revelado a este periódico, llegó a parar a la "clínica" Impress ubicada en la calle de Buenos Aires, 2, L'Eixample, Valencia. El lugar donde comenzó su calvario hace más de 5 meses. "Yo acabé allí por temas de publicidad. Visualmente te da una sensación de estar entrando en una consulta de alguien que te hará un tratamiento médico. Me hacía pensar que estaba frente a una persona colegiada, pero no lo era. Me informaron de las ventajas y desventajas, de hecho, ella misma (la aparente odontóloga) me firmó el consentimiento informado, lo que corresponde a un contrato entre el paciente y el médico, eso ya suponía un caso de intrusismo. Opté por el tratamiento de 2.600 euros. A las tres semanas de llevar el tratamiento, informé por la aplicación que el diente paleto (incisivo central) se me empezaba a mover bastante y la respuesta que me dieron por el mismo medio fue que continúe con el tratamiento que no iba a pasar nada", ha señalado la afectada.

Al consultar una segunda opinión de un dentista, este le dijo que tenía el hueso fracturado y que dejara de usar el alineador. Al hacer caso y dejarlo de usar se le cayó totalmente la pieza dental. "Ni me devolvieron el dinero, ni me pusieron un implante. Ni ayuda, ni nada. La solución fue: 'ponte un implante y ya continuaremos'. A lo que rechacé la opción de seguir con este tratamiento tras arreglarme el diente", ha agregado Beatriz.

"Intrusismo" por parte de la comercial

La víctima ha declarado que al igual que ella, hay otras personas que han sufrido "negligencia médica" pero que tienen "miedo" de las represalias legales. "Los casos más graves de toda esta estafa no están preparados para salir a la luz. A la gente que incluso tiene la boca destrozada siguen pagando porque les da miedo que los demande y los metan en juicio. Además, tienen que pagar nuevos tratamientos con otros odontólogos, operaciones, implantes. Estas empresas dentales se aprovechan porque la gente no tiene conocimiento jurídico".

Por esta razón, la también abogada, tiene abierta una causa penal por " delito de intrusismo" de parte de la comercial que le atendió. "Esto va a acabar también en juzgado y se va a presentar como acusación particular al Colegio de Odontología. Y luego la vía civil, encargué un peritaje hace un mes y con ello mi abogada ya podrá interponer una demanda civil por negligencia médica. Ahí pediré toda la indemnización del daño", ha señalado.

Odontólogos sin homologación y tratamientos por app

En medio de la investigación sobre "negligencia médica" y "delito de intrusismo", y tras el eco mediático que provocó la denuncia de Beatriz, Impress señaló en un comunicado de prensa que "contamos con equipo médico colegiado en cada centro: en todas las clínicas Impress hay un listado de personal médico (odontólogos, ortodoncistas e higienistas). Defendemos por encima de todo que el control por parte de los profesionales sanitarios es esencial y las consultas presenciales son fundamentales e insustituibles para el correcto seguimiento y el éxito de cualquier tratamiento dental. Los tratamientos de ortodoncia de Impress los prescribe un facultativo colegiado, presencialmente en una clínica Impress, tras la debida evaluación del paciente y su diagnóstico y realiza su seguimiento hasta el alta del paciente".

Sin embargo, como se puede comprobar en la siguiente conversación entre los "aparentes colegiados" y Beatriz, el seguimiento de la paciente, incluso en la grave situación en la que se encontraba, se hizo mediante una aplicación, no presencialmente.

Al indagar más en profundidad en los perfiles de estos profesionales odontológicos, que hacen el seguimiento de Beatriz, muchos de ellos hicieron la carrera profesional de odontología en otros países y sus títulos no están homologados en España por lo que no constan en el listado oficial de dentistas colegiados del Consejo General de Colegios de Dentistas de España. Incluso, en el caso de un odontólogo de Impress, de la Universidad de Zulia, de Maracaibo, Venezuela, en su propia descripción de LinkedIn señalaba con fecha de 23 de noviembre de 2023 estar en "proceso de homologación". Actualmente, esa información ya no aparece en el perfil del odontólogo.

Con estos antecedentes, elEconomista ha consultado al COEM sobre si estos profesionales dentales que realizan el seguimiento mediante una aplicación pueden ejercer la práctica en España si no han sido reconocidos legalmente por su entidad.

El COEM y la definición del "delito de intrusismo"

"Sin entrar en los hechos, siempre con carácter general y sin valorar la actuación de una empresa determinada (lo que corresponderá, en su caso, a los jueces), cualquier profesional que practique un acto clínico sobre un paciente (y una revisión de un caso de ortodoncia lo es, sin duda alguna) debe estar habilitado para el ejercicio de la profesión en España, lo que implica estar en posesión del título de Odontólogo (Grado o Licenciado en Odontología) o Licenciado en Medicina Especialista en Estomatología, y además estar colegiado en algún Colegio de Odontólogos o de Médicos de España. Este título de Odontólogo o Médico debe ser español (bien porque se haya obtenido en España o, en su caso, se esté en posesión de la correspondiente credencial de homologación al título habilitante para ejercer la profesión de Dentista). Quien realiza cualquier actuación dentro de un tratamiento a un paciente en España sin estar en disposición de dicho título, comete un delito de intrusismo", ha detallado el COEM.

En relación con los tratamientos de ortodoncia tanto el diagnóstico, como la prescripción del tratamiento (ya sean brackets, alineadores o cirugía), el COEM ha señalado que requiere la presencialidad del odontólogo y el examen físico exhaustivo del paciente. Además, en esa fase inicial es imprescindible que el tratamiento sea explicado al paciente por un odontólogo, debidamente formado y colegiado. "Dicha información será manifestada en el correspondiente consentimiento informado que el paciente debe firmar y que resulta imprescindible para acreditar que el paciente ha entendido perfectamente el tratamiento que se va a realizar y los riesgos de este", ha agregado la entidad.

Por otra parte, el seguimiento del tratamiento debe producirse en una clínica a efectos de "apreciar si el movimiento de los dientes es correcto y se está produciendo con la rapidez esperada (cosa que nunca sucede, por las circunstancias específicas de cada paciente) y los posibles efectos secundarios que el tratamiento puede estar generando en los dientes del paciente", ha sentenciado la entidad odontológica.

Una fuente legal del caso al que ha tenido acceso este periódico ha señalado que el Colegio de Odontólogos de Madrid puso una querella hace un año y que se planteó hasta el "cierre de estas clínicas como medida cautelar". El abogado ha señalado que estas causas podrían llegar a la Audiencia Nacional.