Un tercio de españoles escogen la FP al término de su educación obligatoria

En los últimos años, la Formación Profesional ha experimentado un notable aumento en su popularidad entre los jóvenes. Según estadísticas proporcionadas por el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank, actualmente, 1 de cada 3 españoles elige realizar una FP después de completar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En el pasado, esta modalidad no era tan frecuente, ya que las empresas solían preferir perfiles con títulos universitarios debido al prestigio asociado. Sin embargo, en los últimos 5 años, esta tendencia ha sufrido un cambio significativo, y cada vez más empresas valoran a profesionales con una Formación Profesional. Este cambio se atribuye principalmente a la creciente importancia que ha adquirido la educación práctica en el mercado laboral.

Ahora, el 20% de las ofertas de empleo en España se orientan hacia estudiantes con un grado superior. Si consideramos las oportunidades laborales que solicitan una titulación de Formación Profesional, ya sea de grado medio o superior, este porcentaje se eleva significativamente, alcanzando casi el 35%. Este dato refleja la creciente demanda y reconocimiento en el mercado laboral de los profesionales con formación técnica y práctica.

Según el estudio de CaixaBank más de medio millón de personas, con edades comprendidas entre los 15 y 24 años, se encuentran en la situación de no estudiar ni trabajar. Esta cifra es motivo de preocupación y subraya la posible necesidad de ampliar las opciones educativas flexibles. Además, los jóvenes enfrentan obstáculos al buscar empleo, especialmente debido a su limitada experiencia laboral.

Inclusión social

La inclusión social tiene la educación como uno de los mecanismos prioritarios para su potenciación y desarrollo; por este motivo, contar con una educación inclusiva es crucial para las sociedades actuales. De hecho, existe un compromiso a nivel mundial, europeo y español de cumplir con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que aspira a "garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos".

Desde una perspectiva de inclusión socioeconómica, el acceso a la educación se considera un derecho público, y esto se extiende a la Formación Profesional. En términos de acceso, la enseñanza en la Formación Profesional es gratuita y se imparte en una extensa red de centros financiados con fondos públicos, tanto de carácter público como de centros privados concertados.

Aunque el acceso gratuito a la enseñanza es fundamental para superar barreras socioeconómicas, es importante destacar la existencia de otros costes asociados que podrían constituir limitaciones para un desarrollo equitativo de los estudios. Estos costes adicionales pueden incluir gastos relacionados con la movilidad, alimentación, actividades extraescolares, y el coste de materiales, entre otros. Abordar estos aspectos es crucial para garantizar una igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.

Desde la perspectiva de género, es crucial reconocer la diversidad de situaciones, ya que existen realidades muy heterogéneas. Sin embargo, en el ámbito de la Formación Profesional, se observa una significativa brecha de género, la cual está más vinculada a las elecciones formativas que a la proporción cuantitativa entre hombres y mujeres. Esta brecha ha ido en aumento a lo largo de los años.

En relación con el colectivo de personas extranjeras, es esencial tener en cuenta su diversidad en términos de origen, género, etnia, religión, entre otros aspectos. Esta diversidad conforma un caleidoscopio que, debido a su vulnerabilidad, está expuesto a la exclusión sociolaboral. La integración de este colectivo a través de la Formación Profesional adquiere gran relevancia para la sociedad, no solo por su aportación cultural, sino también por la contribución de mano de obra que ofrece. Esta importancia se ve acentuada por la crisis demográfica que España ya está experimentando y que se espera que se intensifique en la próxima década.

En el caso de personas con necesidades específicas de apoyo educativo, es importante destacar que comparten la misma heterogeneidad y diversidad que los grupos mencionados anteriormente. Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, corresponde a las Administraciones educativas garantizar los recursos necesarios para que el alumnado que requiera una atención educativa distinta a la ordinaria pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, incluso en situaciones donde se presenten desafíos o condiciones especiales.