El Gobierno rebaja el alcance de las concesiones anunciadas por Junts

Poco ha durado el triunfalismo de Junts respecto a cesiones arrancadas al Estado a última hora del miércoles. Este jueves, el Gobierno ha rebajado sustanciamente al menos tres de los ocho compromisos anunciados por el partido independentista a cambio de su abstención para permitir sacar adelante los decretos anticrisis del Ejecutivo central. Y no se trata de aspectos menores: las medidas para facilitar el retorno de sedes empresariales a Cataluña, el pago de las bonificaciones al transporte público, y la publicación inmediata de las balanzas fiscales actualizadas.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este jueves que el Ejecutivo dejará de condicionar su subvención del 30% al transporte público a que las comunidades autónomas aporten otro 20%.

De este modo, ha precisado la vicepresidenta, con independencia de que las comunidades autónomas planteen o no esa bonificación al transporte, el Gobierno subvencionará el 30%. Pero en ningún caso asumirá el pago del 50%, que era lo que daba a entender la información remitida por Junts.

En cuanto a la modificación de la Ley de Sociedades de Capital, otro de los puntos del acuerdo con Junts, Montero ha subrayado que el derecho comunitario de las empresas a su libre instalación "es muy claro" y que el Gobierno de España "no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente", informa Europa Press.

Lo que hace el acuerdo con Junts, ha explicado Montero, es "reforzar la legalidad vigente" para que "no se produzcan ingenierías fiscales", de modo que las empresas no puedan situar su domicilio social en un sitio distinto al declarado para su actividad principal.

"Se refuerza que se vigile y que se esté atento a que efectivamente cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar, pues allí es donde tiene que llevar a cabo todas sus obligaciones, también las tributarias. Pero evidentemente la libre instalación de empresas es una realidad de nuestro derecho comunitario y seguirá siéndolo", ha concluido.

Asimismo, respecto a la publicación inmediata de las balanzas fiscales actualizadas proclamada por Junts, Montero ha matizado que no será el Gobierno quien las elabore, como sí hizo hasta 2017 (con datos de 2014), sino que el Gobierno pondrá a disposición datos para que los centros de investigación, administraciones y servicios de estudios puedan elaborar sus propias balanzas fiscales, pues no existe consenso sobre la metodología a seguir.

"Esto lo discutimos con Junts, no hay consenso y hay polémica sobre las metodologías que se tienen que utilizar para hacer este tipo de análisis", ha señalado Montero al ser preguntada por si Hacienda publicará las balanzas fiscales en virtud del acuerdo que se alcanzó con el partido independentista catalán para que salvara el decreto anticrisis en el Congreso.

La ministra ha defendido que el Gobierno es "transparente" y que "nunca ha tenido problemas para que la información de la que dispone pueda servir a los investigadores, analistas y políticos para sacar sus propias conclusiones".

"Y lo que vamos a hacer es abrir esa fuente de información para que aquellos que investigan en este marco, las administraciones que así lo quieran hacer, puedan disponer de estos datos", ha subrayado Montero.

Por otro lado, desde Moncloa tampoco han concretado en qué consistirá el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, ante lo que tanto desde ERC como desde la Generalitat han incidido en que "lo importante es la letra pequeña".