El 'Govern' ya tiene comprometido el 67% del gasto adicional de 2023
- Aragonès necesita los recursos de unos Presupuestos que aún no tienen apoyos
- La minoría de ERC en el 'Parlament' favorece elecciones anticipadas tras las municipales
Estela López
En septiembre, el entonces consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró, anunció que la administración catalana podría gastar hasta 33.113 millones de euros en 2023, un 10,3% más que en 2022 y su récord histórico. Se trataba de casi 3.100 millones adicionales, con los que aseguraba que se podría impulsar un presupuesto catalán "expansivo" pese a la inflación y el incremento del coste de la deuda, con pago de intereses por 743 millones en 2023, un 16,6% más respecto a los 637 en 2022, teniendo en cuenta las condiciones ventajosas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que supone el grueso de la deuda.
Dos meses después de aquellas palabras, Junts ya no forma parte del Govern, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya tiene comprometido el 67% del gasto adicional disponible para el próximo año, mientras todavía no ha logrado ningún apoyo para dichas cuentas, y está lejos de conseguirlo.
Según han indicado a elEconomista.es fuentes de los primeros contactos entre la nueva consejera de Economía, Natàlia Mas, y los grupos parlamentarios catalanes, la Generalitat calcula que para 2023 ya hay previstos gastos que requerirán casi 2.100 de los 3.100 millones adicionales disponibles.
Se trata de partidas como el incremento retributivo para los empleados públicos, o el plan de la administración catalana para combatir los efectos de la elevada inflación entre los más vulnerables, con la mayoría de medidas previstas para el año que viene. Dicho plan fue pregonado por Aragonès a finales de septiembre con un presupuesto inicial de 300 millones repartido en siete medidas, de las que cinco dependen de los Presupuestos de 2023.
Pero ya entrado el mes de noviembre, el Ejecutivo en minoría de ERC no ha detallado nada nuevo respecto a las cuentas que dejó a medias Giró, mientras Junts rechaza su apoyo, la CUP se niega hasta a acudir a reuniones, y En Comú Podem espera cambios en el proyecto con una visión mas redistributiva, de apoyo social y de fomento de la transición energética verde para negociar su adhesión. El PSC tiende la mano para negociar, pero ERC se resiste, ya en precampaña para las elecciones municipales de mayo. El resto de formaciones (Ciudadanos, PP y Vox) no tienen representación determinante ni sintonía política con ERC.
La semana pasada, la Generalitat agendó encuentros con Junts, En Comú Podem y la CUP (que declinó acudir), mientras que el PSC sigue a la espera. En su discurso de apertura del Foro empresarial de elEconomista.es en Barcelona el pasado jueves, la nueva consejera de Economía, Natàlia Mas, defendió hasta en tres ocasiones la importancia de poder aprobar los Presupuestos catalanes de 2023, pero esta voluntad está todavía muy lejos de la realidad.
La formación más proclive al entendimiento es En Comú Podem, pero pone condiciones, y sería igualmente necesario que se sumasen los votos de Junts o del PSC para alcanzar mayoría.
Los morados advierten que todavía quedan por cumplirse compromisos pendientes de los Presupuestos de 2022, que salieron adelante gracias a su apoyo, al igual que los de 2020. Y para 2023 tienen nuevas peticiones, como un escudo social de al menos 1.000 millones de euros, y elevar el tramo autonómico del IRPF para las rentas de más de 175.000 euros.
Aragonès ya da por descontado que, pase lo que pase, Cataluña empezará el próximo año sin nuevos Presupuestos por falta de tiempo para tramitarlos antes del 31 de diciembre, y que la duda se circunscribe a si la prórroga de las cuentas de 2023 será temporal o permanente.
Con ERC en minoría con solo 33 escaños de los 135 que tiene el Parlament, si el bloqueo de sus iniciativas se hace persistente por falta de apoyos, la legislatura puede acabar en elecciones anticipadas después de que se celebren los comicios municipales de la primavera.
Cheque escolar incierto
La medida estrella del escudo social anunciado en septiembre por Pere Aragonès para combatir los efectos de la inflación en Cataluña fue una deducción de 100 euros del tramo autonómico del IRPF por cada alumno entre el tercer curso de infantil y cuarto de la ESO de familias con rentas medias y bajas, pero dicha medida depende de los Presupuestos de 2023, y todavía no se ha determinado el rango de rentas al que beneficiaría.
En caso de prórroga presupuestaria, el Ejecutivo catalán de ERC en solitario deberá llevar cada propuesta concreta al Parlament y buscar apoyos suficientes entre el resto de formaciones políticas para ir aprobando sus iniciativas una por una, con las respectivas ampliaciones de crédito para financiar el gasto.