El negocio con la vivienda protegida: se exige dinero en B como parte de la venta

Hay 'negocio' con la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. Un negocio no legítimo y que abraza el triple fraude, pero que es toda una práctica actual. Es obvio que la protegida no contempla en el espíritu de su ADN sacarle partido económico más allá de lo que fija la ley. No obstante, los sobreprecios han brotado en las últimas fechas. Quienes venden, perfiles de personas entre los 45 y 50 años, en su mayoría, marchan a una vivienda libre. Son los mismos que, hace dos décadas, se beneficiaban de unas cualidades especiales para acceder a su primer hogar. Hoy, 'se mudan con trampa'. En la negociación exigen, de media, sobre los 30.000 euros en B. La Comunidad de Madrid, en declaraciones a elEconomista.es, asegura su lucha contra esta realidad y señala que lleva medio millón de euros recaudado en los últimos tres años como consecuencia de las multas impuestas.

La vivienda protegida posee un precio máximo, pudiéndose vender por debajo de éste, siempre que hayan pasado al menos 10 años. Sin embargo, comprobamos en portales de Internet que esta práctica es una realidad y que sitúan su valor por encima de lo permitido. La diferencia resultante entre lo cobrado y la escritura es dinero negro. Un fraude que emana de una suerte de picaresca. Se valen para ello de la escasez de suelo y se aprovechan de la demanda existente para inflar el montante final de manera ilegal. Y es que toda vez que la Administración autoriza a vender, indica igualmente el precio, que dependerá de la Comunidad Autónoma y zona del piso, y ése es el que tendría que aparecer junto a las fotos que ilustran las bondades de la vivienda en los portales digitales.

No en vano, la notable cantidad en B demandada no es el único rédito que sacan los vendedores a su vivienda protegida. Cuando estos mismos accedieron a ella, contaron con ayudas en lo referente a suelo, financiación cualificada o precio que finalmente se le aplica. Hoy, a pesar de ser beneficiarios, otrora, de prebendas, optan por hacer negocio con lo protegido. Y mientras el concepto de solidaridad del que disfrutaron se difumina, muchas agencias, en su labor de intermediarios, 'se suman a la causa'. En cualquier caso, conviene dejar nítido que no hay pretexto alguno que argumente que se pueda exceder el precio máximo. La norma así lo esclarece y prohíbe. No valen viejos trucos. Esto es, no justifica la subida el meter piscinas, trasteros dobles, muebles de cocina…

Esta mala praxis impera, especialmente, en el área metropolitana de Madrid. Y afecta igualmente a la gente que, en esa especie de éxodo, abandona la capital por la subida de precios y busca alternativas en los municipios que conforman el cinturón.

Un dato muy importante que tener presente a la hora del crédito es que el banco te financia el 80% del precio de venta, nada, por supuesto, del B requerido. Esta circunstancia conlleva precisamente que, en algunos casos, a los compradores no les salgan las cuentas, aunque sean embarradas en número oscuros, para dar el sí. En ese horizonte, incluso, se plantean que puede resultarles más asumible una libre. He ahí, de paso, una paradoja.

"Hay que dar en B 20.000 euros"

Con el fin de ser testigos de primera mano de este fraude, llamamos a una agencia que hace las veces de intermediaria con viviendas protegidas, entre otros asuntos, por encima de su valor legal. La empresa opera en todo el territorio nacional a través de sus múltiples franquicias. El número marcado responde a un franquiciado que cubre parte importante del área metropolitana de la Comunidad de Madrid. Detectamos el anuncio, al menos, en dos portales distintos y de gran relevancia en Internet. Se trata de una vivienda protegida que se anuncia por 223.000 euros, cuando su realidad debería ser de 197.000.

Nos descuelgan el teléfono desde la inmobiliaria. Trasladamos a quien nos atiende que somos una pareja joven en busca de una vivienda por la zona y que ya hemos contactado con alguna que otra opción más, pero que estamos interesados en conocer la situación de este anuncio en concreto. Como primera respuesta: "Esa está a punto de firmarse ya, pero nos van a entrar un par de ellas en la misma urbanización, no sé si antes o después del verano… No sé qué prisa te correrá, si me quieres dejar el teléfono…" y añade que en todo caso el precio 'final' "estará 2.000 euros arriba o abajo de esta de la que hablamos".

A continuación llega la parte más importante de la llamada y que prueba todo lo anterior. "Una pregunta porque sí que nos hemos encontrado algún caso…" No nos deja terminar la frase cuando nos corta para decirnos que "de dinero B". Le expresamos que hemos hecho cábalas entre la ayuda de nuestros padres y que "claramente, le iba a preguntar cuál es el precio de escrituración". Contesta que "de este en concreto han sido 185.000, algunos pueden ser un poco más o un poco menos" y suelta acto seguido sin ambages que "para que te hagas una idea, unos 20.000 euros hay que dar en B". Finalmente, se permite recordar que "date cuenta que luego a ti te va financiar el 80% el precio de escrituración".

193 casos tramitados por la Comunidad

En la Comunidad de Madrid nos atiende un responsable del área de Vivienda. Desde un primer momento, manifiestan que son "absolutamente conscientes de este asunto en la Administración". En esa línea, según explican a elEconomista.es, tienen esta conducta definida en su procedimiento sancionador, así como un área dedicada a perseguirlo.

Y es que, como indicábamos unas líneas más arriba, se abre un triple fraude. A la persona que se le cobra el sobreprecio, el fiscal y otro contra el régimen de protección de la vivienda.

Desde la Comunidad de Madrid indican que realizan seguimientos de portales y que reciben comunicaciones, algunas nominativas y otras que piden conservar el anonimato, que dan la voz de alarma, toda vez que posteriormente han de ser contrastadas.

Si formalizan la compraventa, llevaría aparejado la devolución de las cantidades y una multa por infracción muy grave de 6.000 a 30.000 euros

"El comprador que detectara que le están ofreciendo una vivienda protegida por encima de su precio legalmente recogido en nuestra norma, y se le exige una cantidad en B, nos puede informar. Abriríamos un expediente, y si se demuestra, sería una infracción grave y conllevaría una multa de hasta 6.000 euros y no podría vender" y agregan que "si hubieran llegado a formalizar la compraventa y el comprador hubiera pagado ese precio, llevaría aparejado la devolución de las cantidades indebidamente cobradas y una multa por infracción muy grave de 6.000 a 30.000 euros".

Llegados a este punto, la pregunta de si esta picaresca, 'avalada' por los profesionales de la intermediación, está ligada a la escasez de suelo se antoja necesaria, "como todo en la vida, los análisis son complejos. El 85% de las operaciones que se producen en el ámbito inmobiliario son de viviendas de segunda mano y sólo el 15% de obra nueva. También hay un problema de escasez de oferta de vivienda, sí…"

La Comunidad de Madrid, que manifiesta que "no tenemos la capacidad absoluta de llegar al 100% de los casos de todos los portales y la identificación por vía indirecta ayuda", ha detectado ya 193 casos de este tipo. El 30% de lo tramitado tiene que ver con sobreprecios, el 25% en relación a exigencias del sobreprecio y un 5% sobreprecio cobrado y comprobado por su parte. Además, subrayan que las multas impuestas alcanzan aproximadamente un valor de medio millón de euros y lanzan un último mensaje: "Animamos a los compradores a que no asuman esta práctica y no permitan que a costa de un protegida se produzca una plusvalía".

Un consejo que llega tarde para la vivienda por la que personalmente 'nos hemos interesado'. Como avisó la trabajadora de la inmobiliaria, estaba "a punto de firmarse". Esos compradores han asumido también entrar a formar parte del fraude. Pero si hubiera una nueva promoción de viviendas protegidas, ¿pagarían esas oscuras exigencias?