El Ayuntamiento de Palma prohibirá el alquiler turístico a los propietarios de pisos
- La medida no afecta a los dueños de casas aisladas o chalets
Europa Press
Los propietarios de pisos o apartamentos en el municipio de Palma no podrán alquilar su vivienda a turistas desde el próximo mes de julio, a falta de que se apruebe la propuesta anunciado por el gobierno municipal. La medida no afectará a las viviendas unifamiliares (casas aisladas o chalets), y contará con excepciones en polígonos, suelo rústico protegido y en la zona de influencia aeroportuaria.
La propuesta fue anunciada por el regidor de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, José Hila, que ha explicado que esta decisión ha sido tomada con el objetivo de "proteger" al residente y, así, "priorizar el acceso a la vivienda" y "garantizar el derecho constitucional" ante la demanda de usos turísticos.
Además, ha señalado que la propuesta se ha tomado en consonancia con la iniciativa presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma que fue aprobada en 2017.
Asimismo, Hila ha detallado que la iniciativa se ha basado en los criterios de "convivencia social en los barrios, falta de oferta de alquiler para los residentes y los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, territorio, recursos energéticos, hídricos, infraestructuras y carreteras".
Solo 645 plazas legales
Además, desde el equipo de gobierno de Cort han sostenido que Palma es la ciudad "más cara", por detrás de Barcelona, y han subrayado que de las 11.000 plazas de alquiler actuales, solo 645 son legales.
Según datos presentados por el equipo de gobierno, la oferta de alquiler turístico ha aumentado un 50% entre el 2012 y el 2017 en Palma. Así, se ha resaltado el paralelismo entre la falta de vivienda de alquiler de todo el año y la subida de los precios ante el incremento de la demanda de viviendas vacacionales.
Finalmente, el Consistorio prevé la aprobación de forma inicial de la propuesta este jueves y, posteriormente, se abrirá un proceso de 30 días para presentar alegaciones y la realización de informes. De este modo, han anunciado que esta normativa será aprobada definitivamente en el mes de julio, coincidiendo con el levantamiento de la moratoria.