Un estudio desarma la medida estrella del 'Govern' para facilitar la compra de vivienda

En el marco de sus actuaciones contra la crisis habitacional, el Govern presentó en junio su nueva medida estrella: una línea de créditos para cofinanciar la compra de la primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años. Este programa, vehiculado a través del Institut Català de Finances (ICF) y la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), contempla préstamos de hasta el 20% del valor del inmueble con un tope de 50.000 euros, suficientes en principio para cubrir la entrada del piso. En conjunto, la Generalitat tiene previsto destinar 500 millones en cinco años a este plan. En la presentación del acuerdo, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, reconoció que se trataba de un "proyecto pionero" sin probar antes en el mercado.

Con todo, un reciente informe promovido por Ivàlua, think tank de análisis de políticas públicas participado por la propia Generalitat, critica este tipo de medidas al tomar en consideración experiencias homologables en otros países. La monografía no menciona explícitamente los créditos del ICF, puesto que se elaboró con anterioridad a su lanzamiento, pero sí aborda las ayudas directas a la compra de vivienda habitual. El estudio es más amplio, ya que también repasa los pros y los contras de otros instrumentos en política de vivienda a la luz de la evidencia académica.

En el documento consultado por elEconomista.es, los autores Jordi Jofre y Mariona Segú (IEB Universitat de Barcelona) constatan que la "efectividad de estas políticas no es obvia porque, igual que sucede con las ayudas al alquiler, las ayudas a la compra pueden tener efectos inflacionistas". "Si las ayudas hacen subir los precios, la efectividad de la política será pequeña o nula", advierten.

Eso mismo sucedió en un caso analizado por ambos especialistas. Tras la gran recesión, Reino Unido introdujo en 2013 un programa llamado Help to buy para promover el acceso a la propiedad. Una de las patas consistía en un crédito concedido por el gobierno en condiciones favorables que iba del 20% al 40% del valor del inmueble (el extremo alto de la horquilla se aplicaba en la capital, Londres). Este dinero se transfería a primeros compradores e iba destinado únicamente a la adquisición de viviendas nuevas, en concreto al pago de la entrada (down payment, en inglés). Son condiciones muy similares a los préstamos del ICF (excepto por la condición de obra nueva). En el caso catalán, las viviendas adquiridas también pasan a formar parte del parque de protección oficial de forma permanente.

Los economistas del IEB explican que "los resultados hallados [en Reino Unido] son muy diferentes en función del límite administrativo examinado". "En Londres la política encareció mucho la vivienda y no aumentó la nueva construcción. Por contra, en el límite entre Inglaterra y Gales, la política sí que aumentó la construcción sin hacer crecer los precios. Los autores argumentan que esta heterogeneidad en los resultados se debe a las diferentes condiciones de la oferta. En áreas donde la oferta es inelástica (Londres), la política se capitaliza totalmente en el precio, cosa que reduce la efectividad de la política", argumentan.

"Hay el riesgo de que estas ayudas se capitalicen en los precios de compra, cosa que supone una transferencia de recursos de la Administración hacia los vendedores de vivienda", añaden Jofre y Segú. Además, la evidencia indica que esta capitalización coincide, justamente, con las zonas con una oferta más limitada donde el acceso a la vivienda en propiedad es más difícil. Es decir, donde los vendedores se pueden permitir subir los precios ante la baja disponibilidad de inmuebles.

En las conclusiones del informe de Ivàlua, se tilda directamente como "ineficaces" las ayudas directas a la compra. También se extiende este juicio a que la vivienda de protección oficial pueda perder este estatus al cabo de los años. Los autores no son tan terminantes en el resto de políticas públicas analizadas. En otro apunte, ambos economistas señalan que, debido a la tensión inflacionaria que pueden desencadenar estas ayudas, "a escala europea se han ido abandonando".

Las evaluaciones de Ivàlua no son de obligado seguimiento por parte de las administraciones. Sin embargo, el Govern del PSC se ha propuesto dar más importancia a sus posicionamientos.