Los propietarios pueden echar a los inquilinos de forma fulminante en estos casos, según la Ley de Arrendamientos Urbanos

Cuando una persona firma un contrato de alquiler para vivir como inquilino en una vivienda, lo hace asumiendo una serie de responsabilidades y obligaciones que contrae con el propietario y que son vinculantes durante, al menos, cinco años, el tiempo que dura el contrato.

Los incumplimientos de las cláusulas incluidas en los contratos pueden tener consecuencias gravísimas, especialmente para el inquilino, que puede perder incluso la vivienda antes de esos cinco años.

La Ley de Arrendamientos Urbanos confirma en su artículo 27 (puede consultarlo en este enlace) que "el incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato".

Esto, en lo que afecta a las responsabilidades del inquilino, da pie al propietario para que pueda rescindir el contrato y echar al inquilino de la casa en alquiler. La ley lo define como "resolver de pleno derecho el contrato" y siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

• La falta de pago de la renta o el resto de cantidades asumidas por el inquilino.
• La falta de pago de la fianza o de las actualizaciones.
• El subarriendo o la cesión no consentidos.
• La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no consentidas siempre que el permiso del propietario sea necesario.
• Actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas en la vivienda.
• Cuando la vivienda se deje de destinar de forma primordial a la necesidad permanente de vivienda del inquilino o de quien la ocupe efectivamente.

En todas estas situaciones, el propietario podrá entender que tiene motivos para rescindir el contrato de alquiler e iniciar el procedimiento para echar al inquilino de la vivienda. Un proceso que ni mucho menos es instantáneo ni sencillo, dado que está compuesto de diferentes fases que tienen como objetivo proteger los derechos de todas las partes implicadas.

El procedimiento a comenzar es el de desahucio, que se abre mediante la presentación de una demanda en un juzgado, lo que en los casos de falta de acuerdo implica un juicio que decide si finalmente hay un lanzamiento judicial o no.