Hay esperanza para los afectados del Plan 18.000: Madrid estudiará que puedan pagar en varios plazos el suelo de su vivienda protegida

Buenas noticias para los miles de afectados por el Plan 18.000 en Madrid. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se ha comprometido a estudiar el fraccionamiento del pago del suelo y que se reduzca el periodo de transmisión del derecho de superficie de quince a cinco años en el Plan 18.000, como propone Vox, aunque no ha ocultado las dificultades de la proposición porque no se pueden salir del pliego autorizado por los servicios jurídicos municipales y la Intervención.

"Ahí está la dificultad para dar respuesta a esas peticiones, que vamos a estudiar por parte de los servicios técnicos y del área con el mayor interés, pero teniendo en cuenta esa dificultad", ha contestado Carabante a Vox durante la Comisión Permanente de Urbanismo sobre el Plan 18.000, que recibe su nombre de un programa del Ayuntamiento de la capital puesto en marcha en los años 90 para construir viviendas protegidas en terreno público, de modo que la ciudadanía únicamente adquiría un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad.

"Dimos una solución, las condiciones están establecidas en el pliego y tenemos una dificultad para modificar dichas peticiones pero, con la mejor de las intenciones, va a ser analizado por el equipo de Gobierno", ha afirmado el delegado.

El portavoz de Vox en la comisión, Ignacio Ansaldo, ha puesto sobre la mesa medidas concretas para facilitar la adquisición del derecho de superficie a los madrileños del Plan 18.000 de vivienda, con el acento puesto en "aquellos que debido a su avanzada edad no pueden acceder a financiación bancaria", medidas que podrían pasar por el fraccionamiento del pago del suelo.

Fraccionamiento del pago del suelo, especialmente para las personas de más edad y teniendo en cuenta a aquellos que tampoco cuentan con recursos económicos para asumir el pago de una sola vez son las propuestas que Ansaldo ha puesto encima de la mesa. El edil ha aclarado que no se le pide al Ayuntamiento que se convierta en un banco pero sí que podría facilitar el fraccionamiento para poder pagar el suelo en varios años.

Lo que ha demandado Vox es que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida dé "una solución viable y justa" y "que se reduzca el periodo de transmisión del derecho de superficie de quince a cinco años". Esa limitación de quince años para vender la casa "impide a mucha gente la venta", lo que unido a "las masivas solicitudes de compra con estas condiciones confirman el deseo de que nadie quiere especular".

"La guinda del pastel del Plan 18.000"

Lo que el concejal ha planteado son "excepciones para los propietarios que demuestren la necesidad de vender sus viviendas por motivos médicos, de salud o por cuidados permanentes en una residencia, incluso también por motivos de fallecimiento, divorcio o por traslado laboral". "Desde Vox anularíamos esta limitación porque la edad media de los afectados ya es bastante alta pero los vecinos se conformarían incluso reduciendo a cinco años", ha explicado en la comisión.

El mandato anterior, también con José Luis Martínez-Almeida como alcalde pero en tándem de gobierno con CS, finalizaba con un último Pleno ordinario en abril de 2023 en el que por unanimidad de la Corporación se perfilaba una salida al Plan 18.000, de modo que los titulares del mismo fueran excluidos de la prohibición de la enajenación de viviendas, como señalaban los Pactos de la Villa, nacidos durante la pandemia.

Casi dos años después, Vox ha vuelto a traer a una comisión la situación del Plan 18.000, descrito como "pionero y brillante y que se debería repetir a gran escala, incluso a nivel nacional, para paliar el problema de la vivienda con la liberación de suelo público para la construcción de vivienda privada, protegida y pública, pero siempre aprendiendo de los errores del pasado para no volver a cometerlos".

Las dos peticiones de Vox -el fraccionamiento del pago y reducir de quince a cinco el periodo de transmisión del derecho de superficie- serían "la guinda del pastel del Plan 18.000 y el cierre definitivo de este problema para miles de madrileños porque ahí fuera hay decenas de personas que viven su drama particular y usted (a Carabante) puede resolverlo", ha instado Ansaldo.

El delegado ha recordado que cuando se puso al frente de Urbanismo heredó una situación para la que durante muchos años no se encontraba una solución viable hasta que se dio con una alternativa, con la protección durante quince años de la venta del derecho de superficie dando "tres alternativas, que se pudiera comprar en libre, que se pueda comprar en protegido con la limitación de los quince años y que se pueda comprar en protegido y que una vez pagando su precio se pudiera liberar dicha protección".

Fue una solución "que más o menos dio satisfacción a todos", incluidos los partidos de la oposición. Esa solución se materializó en un pliego, con luz verde de los servicios jurídicos y por Intervención, del que "no se puede salir". "Vamos a estudiarlo pero no quiero tampoco engañar a nadie porque tenemos un pliego con unas condiciones establecidas y son difíciles, por no decir inviables", ha advertido el delegado.

¿Qué es el Plan 18.000?

El Plan 18.000 fue parte de una iniciativa que el Ayuntamiento de Madrid llevó a cabo entre los años 1984 y 1997 para tratar de poner solución a la gran demanda inmobiliaria que existía en aquella época. El consistorio cedió numerosas parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) durante un plazo de 75 años para la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de cooperativa mediante lo que se denomina derechos de superficie.

Es decir, los adjudicatarios (superficiarios) podrían tener sus viviendas construidas sobre un suelo cedido por el Ayuntamiento de forma gratuita. Con esta fórmula el importe final de la vivienda se reducía considerablemente para los compradores ya que no abonaban la parte correspondiente al terreno. En resumen, eran dueños de la vivienda pero no del suelo. Este es un problema que afecta a 6.500 familias en Madrid.

Primero en 1992 y luego en 2009, el Ayuntamiento ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de comprar la parte proporcional del suelo que les correspondía en la división horizontal. El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre de 2009, que regía la enajenación directa y onerosa, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2012.

Ya en mayo de 2013, con Ana Botella en la Alcaldía, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2018, con Manuela Carmena al frente, equipo de Gobierno que no prorrogó los pliegos.

El último pliego del Ayuntamiento

Con la finalidad de "proteger el suelo municipal y evitar la especulación", el Ayuntamiento de la ciudad publicó en enero de 2024 un nuevo pliego "donde el precio se llega a reducir hasta un 90% para los interesados en su compra". En él se establecían dos vías para que todos interesados adquirieran el terreno en el que se encuentran sus viviendas.

En primer lugar, si se optaba por la compra del suelo en régimen protegido, el Ayuntamiento establecía que el precio a pagar por él se fijará en base a los precios máximos de venta de vivienda protegida que marca la ley de la Comunidad de Madrid. Esta opción llevaba aparejada la obligación de no poder transmitir la vivienda y sus anejos a un precio superior al fijado para las VPO por un plazo de 15 años desde la adquisición del suelo. En resumen, la vivienda estará sometida a las mismas limitaciones que las de protección oficial durante este tiempo y tendrá topado su precio de venta y alquiler.

Según explicó el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, con esta opción, "el precio del suelo se llega a reducir hasta un 90%". El consistorio exponía el siguiente ejemplo: si en enero de 2023 un superficiario podía adquirir la cuota de suelo de su vivienda en Hortaleza por 150.527 euros, ese mismo terreno con el nuevo contrato podría ser comprado al Ayuntamiento de Madrid por 17.295 euros. O en Moratalaz, una cuota de suelo que hace un año se fijaba en 140.352 euros, hoy se habría rebajado a 22.709 euros.

En segundo lugar, para las personas que no aceptaran esta primera opción, el consistorio les permitía comprar el suelo a precio de mercado para que puedan vender la vivienda de forma libre sin las limitaciones de las VPO.

Finalmente, en el caso de que no quisieran aceptar ninguna de las dos vías anteriores, el Ayuntamiento recordaba que no tendrán que realizar actuación alguna y podrán continuar en sus viviendas hasta que se cumplan los 75 años del derecho de superficie que fijan las escrituras. A partir de entonces, el consistorio pasará a ser dueño de todo lo que haya construido en estos terrenos y no habrá ninguna indemnización.