La Ley del Suelo fracasa por segunda vez en el Congreso con el voto en contra de PP y los socios del Gobierno

La reforma de la Ley del Suelo ha vuelto a estrellarse en el Congreso de los Diputados. Los votos en contra de PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu, Podemos superaron por una amplia mayoría los votos a favor de PSOE, PNV y Coalición Canaria. Por su parte, Vox decidió abstenerse. La ley en cuestión tenía como objetivo principal blindar los proyectos urbanísticos reforzando el papel de las comunidades autónomas.

Desde el Partido Popular, que tiene registrada su propia Ley del Suelo en el Senado, rechazaron el texto por considerar que no daba respuesta integral al problema de la vivienda que atraviesa España. "Este texto modifica sólo dos leyes y lo hace de forma superficial, y sólo afectaría al 10% de los proyectos de vivienda, dejando al 90% restante en el estado de ruina actual", decía el diputado popular, Miguel Ángel Sastre, quien recordó que a los de Sánchez que "no tenían que culpar al PP del fracaso" de la norma, sino que tendría que "hablar con sus socios".

Precisamente, el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, justificó su rechazo a la norma al considerar que tiene un carácter especulativo y resucita las recetas del pelotazo urbanístico. "Es una ley ideológica que genera riqueza y desigualdad y un copia y pega de la que presentó Rajoy en 2008", dijo.

Por parte de Junts, Marta Madrenas denunció que el texto incluye "patrones legislativos que son recentralizadores" e incluso "restrictivos" para las comunidades autónomas. Por eso, defendió que una norma de este tipo debería estar decidiéndose en el Parlamento de Cataluña y no en el Congreso de los Diputados. En el turno de Podemos, Noemí Santana defendió que la propuesta de PNV y PSOE implica que los proyectos sólo se podrán impugnar durante sus cuatro primeros años, cuando a veces se necesitan décadas para detectar posibles pelotazos.

Los socialistas y jeltzales se quedaron prácticamente solos defendiendo la reforma, que en palabras de la diputada Rafaela Romero, era "imprescindible para dotar de estabilidad y seguridad jurídica al desarrollo urbanístico de España, primando los intereses públicos sobre los privados. Los ayuntamientos no pueden seguir sometidos a una legislación obsoleta", dijo. Lo que se votó este martes en el Congreso fue la "toma en consideración" de la iniciativa; es decir, si se iniciaba su tramitación parlamentaria.

La encargada de defender la iniciativa fue la diputada del PNV, Maribel Vaquero, quien dijo que las reformas propuestas en la norma son necesarias para evitar que tras años de trabajo se anulen proyectos urbanísticos por errores "completamente subsanables". "Acotar la nulidad de los planes y facilitar la posibilidad de subsanación de los vicios no supone, per se, una actuación especulativa, algo que tanto Podemos como SUMAR plantean con sus reticencias", apuntó.

Este es el segundo fracaso del Gobierno para reformar la Ley del Suelo. El primero tuvo lugar el pasado mes mayo, cuando Vivienda retiró su propuesta minutos antes de la votación ante la falta de apoyo parlamentario. Entonces, el Ministerio que lidera Isabel Rodríguez había promovido la modificación de la ley incluyendo en el proyecto peticiones que llevan años solicitándose desde el sector inmobiliario. En concreto, agilizaba las licencias e impedía que un error formal llevara a la nulidad completa de los planes generales de urbanismo.

Vivienda lamenta la decisión

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamentó el rechazo del Congreso de los Diputados a tramitar la reforma de la Ley del Suelo al considerar que "daña a los ayuntamientos y al urbanismo que precisan las ciudades del siglo XXI; lamentamos que haya partidos que consideren que no es necesario debatir sobre una reforma de la Ley del Suelo que imploran los ayuntamientos de nuestro país". Según fuentes de la cartera que dirige Isabel Rodríguez, "el problema del acceso a la vivienda, que afecta a miles de españoles, requiere responsabilidad por parte de todos. Y la responsabilidad en ningún caso se expresa mediante el bloqueo", añadieron.

Por ello, desde el Ministerio aseguraron que seguirán trabajando "de la mano de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para lograr los objetivos que perseguía esta reforma legislativa: agilizar la construcción de vivienda asequible, incrementar la seguridad jurídica de todos los operadores y adaptar el urbanismo a los estándares ambientales del siglo XXI para evitar catástrofes como la de la dana".

Contenido de la reforma

El texto que se rechazó en la sesión plenaria, respaldado por los promotores, introducía varias modificaciones respecto a la reforma anterior impulsada por el Ministerio de Vivienda. Una de las principales novedades es que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberían ajustarse a los términos que dispongan las normativas autonómicas.

Además, la propuesta permitía que estos instrumentos fueran modificados o sustituidos bajo los criterios establecidos por las comunidades autónomas, reforzando así el papel de estas en la regulación urbanística. El texto del PNV también incluía la creación de un listado específico de defectos formales que podrán determinar la nulidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Esta medida busca evitar que ciertos grupos o individuos, utilicen la legislación para presentar reclamaciones con la intención de obtener compensaciones económicas a cambio de retirar sus denuncias.