Consumo abre expediente sancionador a Airbnb por no eliminar miles de anuncios de pisos turísticos irregulares

Consumo ha abierto un expediente sancionador a Airbnb por no eliminar anuncios que contendrían publicidad ilícita después de que en junio la Dirección General de Consumo pidiera a diversas plataformas de este tipo información y les instara, posteriormente, a retirar miles de ellos de forma inminente por ir contra los intereses de los usuarios.

"Reitero el mensaje: ninguna empresa, por grande o poderosa, debe estar por encima de la ley. Tampoco en el mercado de la vivienda", ha escrito en redes sociales el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que no menciona el nombre de la empresa ni tampoco lo hace el comunicado del Ministerio.

Este fue el primero de los tres procesos contra los pisos turísticos ilegales que Consumo tiene en marcha por el riesgo que implica para consumidores y usuarios contactar con anuncios en los que no aparece el número de licencia o contienen publicidad ilícita. El expediente sancionador ha sido abierto al comprobar que los anuncios se mantienen en la plataforma, que un día después de iniciarse la investigación negaba -junto a Booking- haber sido contactada por el Ministerio.

En concreto, los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar, para Consumo, "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada". Además, estarían incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al suponer un incumplimiento de la normativa sectorial en relación con la publicidad ilícita, como en el caso de comercializar estas viviendas sin publicitar su número de licencia cuando esta sea obligatoria.

Según la normativa, las prácticas que se están investigando al respecto pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. El incoamiento del expediente abre ahora un periodo para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de Consumo, que recuerda que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo.

Consumo tiene los pisos turísticos ilegales en el punto de mira. La última investigación fue iniciada hace una semana y pone el foco sobre las grandes gestoras de esta tipología de alquileres por "prácticas engañosas" y otras infracciones a la ley para la defensa de los consumidores.

La anterior investigación, de octubre, fue dirigida contra diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler al obligarles a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, obligarles a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o incluir cláusulas abusivas para las personas consumidoras.

El Ministerio ha recordado que todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, una cuestión que, según ha declarado públicamente, es uno de los principales problemas de España: "Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha indicado en alguna ocasión el ministro.

Airbnb apelará la decisión de Consumo

Airbnb ya se ha pronunciado al respecto y asegura que apelará la decisión de Consumo, ya que "está profundamente en desacuerdo con esta decisión". Así, la plataforma asegura que "siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales antes de anunciarse".

Por otro lado, Airbnb asegura que "no son proveedores de servicios de alojamiento, sino de servicios de internet, por lo que se les debe aplicar la ley de servicios digitales" y añade que la información de los anuncios es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia.

Por ello, considera que el Ministerio de Consumo "ha eludido los procesos legales" y ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología "indiscriminada", que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas, como arrendamientos de temporada que no son oferta turística. El Ministerio, denuncia la plataforma, "no sólo se extralimita, ya que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos, sino que también ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

De acuerdo con la plataforma, estas resoluciones "han dejado claro" que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de licencia y que no es un proveedor de servicios de alojamiento, sino un proveedor de servicios de internet, por lo que se aplican diferentes reglas "que Airbnb cumple plenamente".