Consumo investiga a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles "prácticas engañosas"

Consumo ha abierto una investigación a las grandes empresas que gestionan y administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas por posibles "prácticas engañosas" y otras infracciones a la ley para la defensa de los consumidores.

En concreto, la investigación se centra en operaciones de pisos turísticos que, aun teniendo licencia, podrían estar gestionados de forma irregular por empresas de intermediación que trabajan en diferentes lugares de España, indican desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Por "prácticas engañosas" el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy se refiere a cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, tal y como se expone en la ley de competencia desleal. Esa misma norma menciona algunos supuestos que se considerarían "engañosos", como por ejemplo afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario.

Sobre esto último, plataformas vecinales o portales como Inside Airbnb han destapado en los últimos meses situaciones de usuarios presuntamente particulares que alquilan centenares de pisos bajo el mismo perfil, lo que lleva a poner a esas cuentas bajo la sospecha de información falsa tras la que se ocultaría una empresa.

Tercera investigación desde junio

Esta es la tercer investigación del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, a través de la Dirección General de Consumo, sobre los pisos turísticos. Se suma a otros dos procesos aún en marcha, uno iniciado en junio, cuando se examinaron los anuncios que publican algunas plataformas para ofertar este tipo de viviendas como enclaves turísticos sin disponer de licencia para ello, y otro en octubre, cuando la lupa se puso sobre algunas agencias inmobiliarias que podrían haber ejecutado "prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler", como obligar a los consumidores a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa

El ministro Bustinduy ha realizado varias declaraciones búsquedas en las que ha fijado el objetivo de "atajar la crisis de la vivienda en España" por ser uno de los principales problemas que tiene el país. "Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha dicho en alguna ocasión.

En este sentido, hace unas semanas el ministro abogó por intervenir el mercado de la vivienda en los presupuestos generales del Estado de 2025 y por incorporar que los pisos turísticos paguen un 21 % de IVA, igual que los hoteles, una medida que finalmente se quedó fuera del paquete fiscal recientemente aprobado. Para acabar con la especulación en el sector, también ha solicitado a todas las administraciones públicas a que, en el ámbito de sus competencias, para abordar el problema.