Vivienda - Inmobiliario
Barcelona eliminará todas sus viviendas turísticas en 2029
- Las 10.101 licencias actuales se revocarán en noviembre de 2028 en la ciudad
- "Desaparecerá la figura del piso turístico tal y como la conocemos", según Collboni
- Ayuso controlará las viviendas turísticas en Madrid: más sanciones e inspecciones
Carmen Delgado
Barcelona cortará de raíz los pisos turísticos. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha anunciado este viernes que convertirá en viviendas residenciales los 10.101 inmuebles turísticos legales que hay actualmente en Barcelona. Todas las licencias se revocarán en noviembre de 2028 y a partir de 2029 no existirá ningún inmueble con este uso.
El alcalde ha señalado que "desaparecerá la figura del piso turístico tal y como la conocemos", al tiempo que ha avanzado que también modificará la normativa que implementó la ex alcaldesa Ada Colau que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda protegida.
En una rueda de prensa acompañado de los tenientes de alcalde Laia Bonet y Jordi Valls, Collboni ha señalado que ambas medidas son "de carácter estructural" y tienen el claro objetivo de "afrontar el principal problema de la ciudad y del país, como es el acceso a la vivienda", poniendo además el foco sobre los jóvenes. En este sentido, el alcalde de la ciudad ha incidido en que estos planes "nunca tienen resultados de forma inmediata", pero sí considera la decisión como "un punto de inflexión" que generará un debate político y social. Esta propuesta deberá ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento.
Para poder eliminar los 10.000 pisos turísticos legales que tiene actualmente Barcelona, el consistorio de Collboni aplicará el decreto de la Generalitat aprobado en diciembre de 2023, que emplaza a los Ayuntamiento catalanes a redactar en el plazo de cinco años un plan urbanístico que fije cuántas viviendas de uso turístico aceptará.
El texto establece que en los municipios que presenten problemas de acceso a la vivienda permanente o que ya tienen más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes (o bien que cumplen ambos requisitos), la actividad turística solo es compatible con el uso residencial si lo permite expresamente el planeamiento urbanístico, siempre que se justifique que hay suficiente suelo para uso domiciliario habitual y permanente de la población residente.
Dado que Barcelona es uno de los municipios que el decreto señala con problemas de acceso a la vivienda, el gobierno contempla no impulsar ningún planeamiento urbanístico que declare compatible el uso turístico de la vivienda con el de domicilio habitual y permanente.
De este modo, todas las licencias se revocarán en el mes de noviembre del año 2028 y a partir de 2029 la ciudad no tendrá más pisos turísticos, que pasarán a ser de nuevo viviendas residenciales. También se actualizará el Plan de Alojamientos Urbanísticos, de manera que desaparezca la categoría de pisos turísticos. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha considerado que Barcelona ganará con esta medida "el equivalente a fabricar 10.000 pisos".
En cuanto a la posible indemnización a los propietarios de las viviendas turísticas, Bonet ha explicado que el decreto de la Generalitat establece que los cinco años de plazo se consideran compensación.
Vivienda protegida
En cuanto a la modificación en la política de reserva para pisos sociales del 30% de las nuevas promociones y grandes reformas de edificios de viviendas, vigente desde 2018, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que contempla permitir agrupar las reservas de vivienda social en un solo edificio, dentro del mismo barrio, y no que en una misma escalera convivan pisos asequibles con los de mercado.
De este modo, prevé el traslado de la ubicación del 30% de una parcela a otra, de forma que se puedan agrupar los pisos sociales en un solo edificio, que esté en el mismo barrio o en el barrio colindante.
Los promotores podrán levantar también con menos burocracia las viviendas sociales en edificios distintos al que construyan pero que estén en el mismo barrio. Ahora se requiere una tramitación de planteamiento urbanístico que extiende el proceso en casi un año. La nueva normativa rebajaría este tiempo a "días o semanas", según ha anotado Laia Bonet.
Finalmente, sobre la rehabilitación de los edificios de viviendas, esta política de reserva del 30% se aplicará solo a grandes rehabilitaciones de inmuebles que conserven solo la fachada. En las reformas menores, no será obligatorio reservar el 30% de las viviendas a protección.
El sector reacciona
Tras el anuncio del Ayuntamiento, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR) ha explicado en un comunicado que el alcalde Collboni "acaba de hacer un llamamiento a que la ciudad se llene de alojamientos turísticos ilegales". Según el sector, la experiencia de las últimas regulaciones -Ciutat Vella en 2010 y la congelación de la licencia del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat)- "nos lo demuestra".
La patronal recuerda a Collboni que la proliferación de este tipo de negocios de economía sumergida "no paga impuestos y confronta vecinos y turistas en lugar de fomentar la convivencia" e insiste en que lleva meses alertando de los peligros de aplicar el nuevo decreto ley en la ciudad.
"Las viviendas turísticas representan el 40% del alojamiento turístico en la ciudad y con su desaparición se perderá la totalidad del turismo familiar, el principal cliente de este tipo de alojamiento" ha destacado la asociación.
"El consistorio dice que no quieren pisos turísticos. ¿No queremos turismo familiar en Barcelona, ??de verdad? ¿Cuántas tiendas, restaurantes, museos tendrán que cerrar?" se pregunta Enrique Alcántara, presidente de APARTUR.
Una cortina de humo
Por otro lado, la patronal recuerda que las viviendas turísticas en Barcelona representan un 0,77% sobre el parque total de inmuebles en la ciudad. Con estos datos, APARTUR considera el anuncio del alcalde "una cortina de humo por su fracaso en las políticas de vivienda en la ciudad".
"Un fracaso que el consistorio repercute ahora a los pequeños propietarios, que con su actividad económica legal emplean a unos 5.000 trabajadores de forma directa y otros tantos de forma indirecta y aportan anualmente más de 347 millones de euros a las arcas públicas de Barcelona" ha sentenciado.
La medida podría "quedar en nada"
Por su parte, el Sindicat de Llogateres ha advertido en un comunicado que la eliminación de todos los pisos turísticos en Barcelona "podría quedar en nada antes de aplicarse" en 2028 y ha reclamado que el Ayuntamiento empiece a impulsar medidas para hacer efectiva la iniciativa.
El Sindicat de Llogateres ha lamentado que "la voluntad del alcalde elegido en 2027 podría convertirlo en humo" y ha señalado que también depende de si hay cambios en la norma de la Generalitat, en un contexto político que ve incierto.
Ha defendido que la crisis de vivienda que la entidad ve en Barcelona "no se fundamenta en las viviendas de uso turístico como tal, sino en la falta de regulación de los alquileres temporales", que ha descrito como la principal brecha de los especuladores para desviar pisos a usos lucrativos, en sus palabras.