Los grandes fondos estudian reclamar daños al Gobierno por el tope del 2% al alquiler

Los grandes fondos de inversión que cuentan con carteras de pisos en alquiler en España están estudiando presentar reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Estado por el límite al alquiler del 2% que se aprobó en marzo del pasado año. Así lo han asegurado a elEconomista.es desde varias de estas compañías, que tienen en sus balances miles de viviendas en rentabilidad en nuestro país.

Con esta medida los grandes fondos se sumarían a una iniciativa que ya están llevando a cabo los pequeños y medianos caseros de España, que a través de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval). Concretamente, la asociación ya ha movilizado 2.000 reclamaciones para reclamar al Gobierno por este tope al alquiler, que se aprobó como una medida temporal y de urgencia en el primer trimestre del año pasado y se ha extendido a lo largo de 2023.

Asimismo, la nueva Ley de Vivienda, que se encuentra en trámite parlamentaria, podría incluir una limitación del 3% al alquiler durante 2024, por lo que desde Asval advierten que podría darse un aluvión de demandas si finalmente se aprueba la nueva normativa.

Concretamente, a través de Asval, se han presentado 2.000 reclamaciones de pequeños y medianos propietarios que han ido dirigidas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que fueron recogidas entre noviembre de 2022 y enero de 2023. "Se trata de una cifra que irá creciendo ya que deben presentarse las reclamaciones por este año y cada vez más propietarios serán conscientes de que tienen esta posibilidad de defender sus derechos", apuntan los expertos del sector.

Asval, que actúa como canalizadora de estas reclamaciones, estima que el tope impuesto por el Gobierno ha afectado a más de dos millones de pequeños propietarios en España y lamenta que no se hayan previsto compensaciones para este colectivo.

Concretamente, la asociación estima que cada propietario perderá de media unos 2.000 euros por cada vivienda alquilada durante el tiempo que estará en vigor esta medida. Así, recuerda que más del 75% de los arrendadores españoles posee una o dos viviendas.

Asval denuncia que el tope impuesto es contrario a lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pues esta permite que los alquileres se actualicen con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

La asociación considera que esta actualización es necesaria para que los pequeños propietarios "protejan su nivel de vida y completen su salario o pensión", y matiza que estos se han mostrado sensibles ante la situación económica y muchos han negociado soluciones más beneficiosas con sus inquilinos".

España, la más restrictiva

"Los pequeños propietarios denunciamos que el Estado carga sobre nosotros el problema de la vivienda en España, que es responsabilidad de la Administración", apunta la directora general de la asociación, María Andreu.

La directiva pone de manifiesto también que el tope impuesto en España es el más restrictivo de la Unión Europea y que está generando una gran inseguridad jurídica en el mercado y reduciendo la inversión en vivienda en alquiler. Para resolver la falta de vivienda a precios competitivos, Asval apuesta por la colaboración público-privada para ampliar el parque social en España y destaca que los grandes propietarios se han ofrecido a ceder 25.000 inmuebles al Estado durante 25 años para alquilarlos a un precio un 20% inferior al de mercado.

Pérdidas de más de 1.000 millones

El portal inmobiliario Idealista estimó que la pérdida de los propietarios de vivienda en alquiler por el límite aplicado al alquiler supera los 1.000 millones de euros entre marzo y hasta septiembre del pasado año. Esta medida se ha prorrogado a lo largo de todo este año, por lo que la cifra total más que se duplicaría. A esto habría que añadir el impacto del tope del 3% que podría aprobarse para 2024.