Foment acusa a Colau de "connivencia" con la okupación

La patronal Foment del Treball responde con dureza a Ada Colau por la polémica de la Casa Orsola. La alcaldesa entró de lleno en el conflicto que vive el edificio, que se ha convertido en un símbolo de la okupación para unos y del derecho a la vivienda para otros, posicionándose a favor de los vecinos. Ahora, la organización empresarial le contesta y la acusa de "connivencia" con los colectivos okupas.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, compareció este viernes para denunciar que el empresario catalán propietario de la Casa Orsola "se ha visto intimidado por Colau". La edil envió una carta al inversor en la que respaldó a los okupantes. "Tiene una actitud abusiva que fomenta la ilegalidad con acusaciones que no responden a la realidad", lamentó el dirigente.

El exdiputado de CiU añadió que la práctica de Colau supone "una acción sin precedentes de un cargo institucional". "No podemos tolerar estos ataques, si esto sigue se encontrará a los empresarios delante", advirtió.

El Ayuntamiento pudo quedarse con el edificio

La abogada del propietario, María José Tarancón, explicó que el Ayuntamiento podría haberse quedado con el inmueble hace un año, antes de que lo adquiriera su representado, pues tenía derecho de tanteo. Además, garantizó que se han respetado todos los contratos indefinidos y simplemente se ha notificado a los que tenían acuerdos temporales que no se iban a renovar.

"Desde entonces, mi representado está sufriendo una persecución; han ocupado su sede social, hay pintadas contra él y una campaña en las redes sociales", lamentó. La situación se convirtió en límite cuando se ocuparon dos de las viviendas en la noche de Sant Joan, del 23 al 24 de junio. "Pedimos ayuda al Ayuntamiento para negociar, pero nos hemos encontrado con esto", señaló.

Colau envió una carta al propietario en la que le acusó de echar a familias que llevaban mucho tiempo en el edificio. La respuesta: ninguno de los procedimientos judiciales abierto es contra familias y ninguno de los inquilinos pudo acreditar situación de vulnerabilidad.

Por ello, el dueño del edificio baraja demandar a la alcaldesa. La decisión todavía no está decidida, pero "está en estudio", avisó Tarancón.