La reversión de concesiones crea miles de 'falsos funcionarios' en la Comunitat Valenciana

La política de reversión a gestión pública de servicios gestionados por empresas en régimen de concesión se ha convertido en una bomba que amenaza con estallar, dentro y fuera del Consell, tras aceptar la Generalitat que los trabajadores de las gestoras que pasen a la Administración se convertirán, de facto, en empleados públicos permanentes. De prosperar los planes de reversión -sobre todo, en los ámbitos de sanidad y servicios sociales- se podría llegar a producir el desembarco de entre 5.000 y 10.000 falsos funcionarios en el sector público, lo que ha despertado las críticas y alarmas, en la propia Generalitat, sindicatos, funcionarios, opositores e interinos.

La Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2019 recoge el criterio de la Abogacía de la Generalitat, que considera que, en los casos de digerir concesiones, se produce una sucesión de empresas y, por lo tanto, el nuevo gestor está obligado a subrogar la plantilla. El problema es que existe un vacío legal, dado que la normativa contempla el trasvase de empleados entre empresas privadas, pero no hace mención expresa a las condiciones aplicables cuando la que se subroga es una organización o institución pública, con personal estatutario. La Abogacía y la normativa establecen que los trabajadores serán integrados con la condición de "personal a extinguir", que les da derecho a conservar su puesto hasta la jubilación, siempre que renuncien a un cambio de funciones, traslados o ascensos.

Las dificultades financieras que atraviesa la Comunitat Valenciana -con más de 45.000 millones de deuda pública y un modelo que genera una situación de infrafinanciación crónica- y los vetos del Estado al incremento de personal público en ese contexto complican, en la práctica, poder asumir el coste de la gestión directa de los servicios y el personal. Una situación que ha generado importantes tensiones entre la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta, Mónica Oltra, y la de Hacienda, liderada por Vicent Soler. Los roces han provocado ya, una dimisión, la de la jefa del Servicio de Análisis, Estructuras de Puestos de Trabajo y Gestión de Información del Sector Público, Mariola López Bayo, y ponen de relieve las brechas entre los socios del bipartito, PSPV y Compromís, a escasos meses de la convocatoria de elecciones autonómicas.

Y es que, aunque fuentes de la Generalitat apuntan a que el Consell intentará definir una fórmula que haga que esos nuevos empleados tengan que afrontar un proceso de oposición, fuentes jurídicas advierten de que no será viable aplicar con carácter retroactivo una medida de este tipo, que dañaría los derechos de los trabajadores afectados, al imponer un cambio en las condiciones vigentes en el momento de su subrogación.

Las empresas, por su parte, defienden la continuidad del modelo de cooperación público-privada en servicios, que "en los últimos 30 años ha demostrado que contribuye a una gestión más eficiente, aporta una mayor flexibilidad e innovación y permite que los servicios públicos, en un contexto de recursos escasos, se presten en mejores condiciones a toda la población y a todos los territorios", afirma la patronal autonómica, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

La Generalitat quiere asumir, al menos, la gestión de los otros cuatro departamentos de salud en concesión

La reversión del Hospital de Alzira -formalizada el 1 de abril de este año, tras 18 años bajo gestión de Ribera Salud- generó un extenso debate sobre la consideración de estos empleados sin plaza pública, que potencialmente eran los más dañados por el retorno del departamento de salud a Sanidad. Si bien la intención manifestada inicialmente por la Conselleria -dirigida, entonces, por la exministra Carmen Montón- era que podrían conservar sus plazas hasta que se convocasen oposiciones para cubrirlas, esta posición chocó con diferentes pronunciamientos legales, entre ellos, el de la propia Abogacía de la Generalitat, cuyo criterio es el que finalmente se ha impuesto. 

La voluntad de la Generalitat es asumir, en los próximos ejercicios, al menos los otros cuatro departamentos de Salud ahora en concesión -Dénia, gestionada por DKV y Ribera Salud, cuya reversión quiere ejecutar Sanidad antes del final de la presente legislatura; Torrevieja y Elche-Crevillente, donde el concesionario es el grupo Ribera Salud, y Manises, del Grupo Bupa Sanitas-, que sumarían más de 5.300 trabajadores; los servicios de resonancias magnéticas, con unos 150 profesionales, y las residencias de gestión integral -para personas con diversidad funcional-, que supondrían otros 400 empleados.

La asunción de estos centros ha despertado la alarma entre los gestores de residencias para la tercera edad -que suman más de 3.500 profesionales-. Hasta ahora, se ha revertido el centro de gestión integral de Albocasser -con 27 trabajadores-, a pesar de que la Generalitat reconoció que el servicio y el equipo tenían un nivel alto, y se ha iniciado el proceso con dos módulos de Bétera.

"Nos preocupa que sea el principio a una tendencia general a la reversión de todos los servicios. Hasta ahora no se ha planteado para los centros de tercera edad, pero puede abrir una nueva situación. Los altos cargos de la Generalitat manifiestan, de forma reiterada, su prioridad por la gestión directa, sobre la base de la ideología, creencias y prejuicios, y sin tener en cuenta criterios objetivos y resultados, tanto económicos como de calidad y satisfacción de las personas", critica el presidente de la patronal autonómica de este sector, Aerte, José María Toro.

Anuncio de movilizaciones

Estos movimientos llegan en un momento en el que los sindicatos denuncian que la Generalitat no ha cumplido con las convocatorias de miles de plazas públicas en oposición que ha ido anunciando. Se da la circunstancia de que en octubre 25.000 enfermeros se presentaron a las 638 plazas convocadas por Sanidad -correspondientes a las convocatorias de 2015 y 2016, que no se habían ejecutado-. Esto este contexto, interinos y opositores están organizando acciones contra esa incorporación de miles de trabajadores sin oposiciones.

La propia empresa pública que asumiría las residencias de gestión integral para personas con diversidad funcional y sus plantillas, el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) -dependiente de Igualdad- tiene unos 400 empleados con carácter temporal, que deben esperar la convocatoria de oposiciones para consolidar puestos.

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