Climent destituye a Cucarella por su responsabilidad en la gasolinera familiar

La insostenible situación de la directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, han llevado al conseller de Economía, Rafael Climent, a decidir su destitución. En un comunicado, la Conselleria comunicaba esta mañana que "el escenario mediático y la imposibilidad de continuar con su excelente gestión, ante la delicada situación en la que se encuentra en la actualidad ha conducido a esta decisión", adoptada "a propuesta del conseller".

"El conseller Climent quiere agraceder el trabajo que ha realizado Cucarella durante este año de gobierno al frente de una dirección general que se encontró desmantelada y sin ninguna actividad cuando accedió al cargo, en julio de 2015", concluye el texto.

El informe elaborado por la Conselleria de Transparencia sobre la situación de la ya exdirectora general concluía que existe "incompatibilidad" con su cargo público por su condición de apoderada en una gasolinera de Alzira (Valencia), cargo que ostentó hasta el pasado 24 de junio. Se da la circunstancia de que esta gasolinera está denunciada "por desobediencia", por no haber descontaminado sus instalaciones. La Generalitat se hará cargo de este proceso, con la intención de repercutir los costes -estimados en más de 300.000 euros- a los propietarios de la misma, la familia de Cucarella.

A pesar de este dictamen, Cucarella se negó a dejar su cargo, al considerar que no había "ninguna causa" para hacerlo, y que su continuidad "no afectaba a la imagen del Gobierno valenciano". Explicó que no incluyó en su declaración de actividades su participación en la mercantil porque no percibía ningún tipo de remuneración, "y menos de una empresa que ya no tenía actividad" ni trabajadores, pues se cerró en julio de 2015 -cuando ella fue nombrada alto cargo- y ahora está en situación concursal.

Una postura que ha obligado a Climent a mover ficha, ante las presiones del Consell.

Informe de Transparencia

El estudio expone, entre sus conclusiones que en materia de transparencia, la directora general de Internacionalización tiene la obligación de facilitar determinada información a la Dirección General de Transparencia y Participación para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa relativas a la información sobre altos cargos. Transparencia recuerda que "son los altos cargos declarantes los que responden de la veracidad y certeza del contenido de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales".

Respecto a las incompatibilidades, el informe constata que "no existe a priori incompatibilidad por la participación de un 12 por ciento de la sociedad mercantil La Industrial Constructora S.L. mientras la entidad no suscriba contratos o reciba subvenciones públicas". No obstante, "sí que existe en principio una incompatibilidad en la condición de apoderada", que ha tenido hasta el día 24 de junio de 2016. Sin embargo, la Conselleria indica que "a efectos de valorar la trascendencia de la incompatibilidad cabría comprobar las actuaciones efectivamente realizadas en nombre de la sociedad mercantil desde su toma de posesión como alto cargo".

Por último el informe valora las responsabilidades políticas que pueden existir por parte de la directora general de Internacionalización en su condición de alto cargo atendiendo, entre otros, a los criterios que establece el Código de Buen Gobierno de la Generalitat. En este sentido, señala que "la legitimidad de los altos cargos se basa no sólo en el estricto cumplimiento de la legalidad vigente sino también se enmarca en criterios de confianza política y ética pública".

El estudio apunta, entre otros artículos de esta norma, el que se refiere a "la ejemplaridad y dignidad institucional que deben tener los altos cargos, y por la cual deben contribuir en todo caso al prestigio, la dignidad y la imagen de la institución". Ahora bien, la valoración y el juicio de si dichos criterios concurren o no en el caso concreto corresponde únicamente al órgano superior de cuya confianza política dependa.

Posibles sanciones

Ahora corresponde a los órganos competentes dirimir si los hechos que se detallan son susceptibles de dar pie a la apertura de algún tipo de procedimiento sancionador y la exigencia de responsabilidades legales o políticas. Estos órganos competentes son, según el informe, la Conselleria de Justicia y la Conselleria de Economía.