Cucarella se niega a dimitir pese a que Transparencia ve "incompatibilidad"

La directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, ha manifestado este miércoles que no considera que deba dimitir, porque no ve "ninguna causa" para hacerlo, y ha considerado que su continuidad en el cargo no afecta a la imagen del Gobierno valenciano. Considera que "no ha incurrido en ninguna incompatibilidad durante el ejercicio de su cargo y que nadie le ha pedido que dimita", a pesar de que el estudio elaborado por la Conselleria de Transparencia sobre su situación concluye que si existe "incompatibilidad" por su condición de apoderada en una gasolinera de Alzira (Valencia), cargo que ostentó hasta el pasado 24 de junio.

La gasolinera está denunciada "por desobediencia", por no haber descontaminado sus instalaciones, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Cucarella afirma que no conoce el informe elaborado por la Conselleria de Transparencia sobre su situación, considera que no hay conflicto de intereses, pues no ha dado subvenciones a empresas en las que participa; no posee participación superior al 10 % directa en una empresa que reciba subvenciones de la Administración, y ejerce con dedicación exclusiva, sin recibir remuneración de una actividad privada.

Ha indicado que si no incluyó en su declaración de actividades su participación en la mercantil es porque no percibía ningún tipo de remuneración, "y menos de una empresa que ya no tenía actividad" ni trabajadores, pues se cerró en julio de 2015 -cuando ella fue nombrada alto cargo- y ahora está en situación concursal.

Además, subraya que hay un informe de la Abogacía de la Generalitat y uno de la subsecretaria de la Conselleria de Economía, "y no se ha visto en ningún momento incompatibilidad de ningún tipo".

El estudio expone, entre sus conclusiones que en materia de transparencia, la directora general de Internacionalización tiene la obligación de facilitar determinada información a la Dirección General de Transparencia y Participación para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa relativas a la información sobre altos cargos. Transparencia recuerda que "son los altos cargos declarantes los que responden de la veracidad y certeza del contenido de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales".

Respecto a las incompatibilidades, el informe constata que "no existe a priori incompatibilidad por la participación de un 12 por ciento de la sociedad mercantil La Industrial Constructora S.L. mientras la entidad no suscriba contratos o reciba subvenciones públicas". No obstante, "sí que existe en principio una incompatibilidad en la condición de apoderada", que ha tenido hasta el día 24 de junio de 2016. Sin embargo, la Conselleria indica que "a efectos de valorar la trascendencia de la incompatibilidad cabría comprobar las actuaciones efectivamente realizadas en nombre de la sociedad mercantil desde su toma de posesión como alto cargo".

Confianza política y ética pública

Por último el informe valora las responsabilidades políticas que pueden existir por parte de la directora general de Internacionalización en su condición de alto cargo atendiendo, entre otros, a los criterios que establece el Código de Buen Gobierno de la Generalitat. En este sentido, señala que "la legitimidad de los altos cargos se basa no sólo en el estricto cumplimiento de la legalidad vigente sino también se enmarca en criterios de confianza política y ética pública".

El estudio apunta, entre otros artículos de esta norma, el que se refiere a "la ejemplaridad y dignidad institucional que deben tener los altos cargos, y por la cual deben contribuir en todo caso al prestigio, la dignidad y la imagen de la institución". Ahora bien, la valoración y el juicio de si dichos criterios concurren o no en el caso concreto corresponde únicamente al órgano superior de cuya confianza política dependa.

Posibles sanciones

Ahora corresponde a los órganos competentes dirimir si los hechos que se detallan son susceptibles de dar pie a la apertura de algún tipo de procedimiento sancionador y la exigencia de responsabilidades legales o políticas. Estos órganos competentes son, según el informe, la Conselleria de Justicia y la Conselleria de Economía.