Trabajo paralizó el nuevo convenio de Aena y Enaire por errores legales

El Ministerio de Trabajo requirió al gestor aeroportuario nacional, Aena, a subsanar hasta 24 aspectos de su segundo Convenio Colectivo —que también afecta a trabajadores del regulador del tráfico aéreo, Enaire, y de los trabajadores del Aeropuerto de Murcia— antes de poder proceder a su publicación en el BOE. El texto, presentado por la comisión negociadora, contenía desde errores formales hasta disposiciones que, según el Ministerio, podrían vulnerar el Estatuto de los Trabajadores y la legislación vigente en materia de igualdad, conciliación o representación sindical. No obstante, desde Aena confirman a este medio que remitió las subsanaciones requeridas el pasado 16 de junio.

Entre los puntos señalados por Trabajo destacaba la falta de autorización del Ministerio de Hacienda, un requisito ya subsanado. Aunque el acta de firma del convenio menciona que se obtuvo el 14 de mayo de 2025, el justificante no fue incorporado al expediente. De no haberse remitido, esta circunstancia impediría la validez del texto según la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El requerimiento también apuntó a elementos sustantivos del convenio que podrían entrar en conflicto con el marco legal vigente. Por ejemplo, se cuestionaba que el límite para compensar horas extraordinarias se eleve a seis meses, en lugar de los cuatro que fija el Estatuto de los Trabajadores. Lo mismo ocurrió con la regulación del periodo de prueba, que, según aquella redacción del texto, no cumpliría con el requisito de estar pactado por escrito en cada contrato individual. Asimismo, se exigieron correcciones en los datos de representación sindical.

La Dirección General de Trabajo también alertó de formulaciones que podrían resultar discriminatorias, como la exclusión de la enfermedad común o accidente no laboral a efectos del cobro del complemento de jornada, o las menciones al "origen" de la discapacidad, ya eliminadas del Estatuto. En el ámbito de la jubilación, se exigió que el texto recogiera los requisitos legales para que la jubilación obligatoria a los 68 años sea válida, entre ellos, el compromiso de contratación indefinida de relevo.

Trabajo exigió además que se adaptasen varios artículos a la jurisprudencia vigente en conciliación laboral. En los casos de limitación del disfrute simultáneo de permisos por dos trabajadores, se reclamaba motivación por escrito y un plan alternativo, como exige el Estatuto. Otro de los aspectos más conflictivos fue la exclusión de los controladores aéreos del censo electoral del Grupo Aena. El requerimiento subrayó que no es legal excluir a colectivos del proceso electoral sindical en función del ámbito del convenio, apelando a fallos anteriores de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

La Dirección General de Trabajo también exigía la inclusión de un protocolo de actuación ante catástrofes, como ahora obliga la nueva redacción del artículo 85.1 del Estatuto. Además, reclamó que se integren en el convenio los planes LGTBI ya suscritos por las empresas del grupo, conforme al Real Decreto 1026/2024, y que se corrigieran múltiples errores de remisión a anexos y referencias normativas.

La CGT, que se personó formalmente en el expediente como parte interesada, reclamo transparencia en el proceso y advierte de la gravedad de los fallos detectados. "Es imprescindible que el convenio se ajuste a la legalidad y garantice los derechos laborales", sostiene el sindicato en un comunicado. CGT también destacó que el documento cuestionado por el Ministerio fue impugnado también por otras organizaciones, como el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA), o trabajadores del aeropuerto de Tenerife Sur.

La Administración dio traslado a la Comisión Negociadora para la corrección de los errores señalados o presente alegaciones, algo que, según afirman desde Aena, se corrigió el pasado 16 de junio. El convenio colectivo afecta a los más de 10.000 trabajadores del grupo público, que incluye a Aena SME, Enaire y la sociedad concesionaria del aeropuerto de Murcia. Por ahora, la entrada en vigor del nuevo marco laboral queda suspendida hasta que se atiendan las exigencias del departamento dirigido por Yolanda Díaz.