Los pisos turísticos de Barcelona reclaman 4.300 millones a la Generalitat

La Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha reclamado más de 4.280 millones de euros de responsabilidad patrimonial a la Generalitat de Cataluña por la eliminación de licencias de pisos turísticos, según ha explicado este martes el presidente de esta entidad, Enrique Alcántara.

Esta cifra corresponde a los beneficios de los propietarios pero también a las inversiones para la habilitación de los pisos y a las indemnizaciones que las empresas gestoras deberán abonar a los trabajadores que despidan, que Apartur estima en 5.000 personas.

Los propietarios y gestores de apartamentos afectados, representantes de 7.200 pisos distribuidos en la provincia de Barcelona, consideran que el decreto ley 3/2023 aprobado por el Govern de Pere Aragonès supone una "expropiación encubierta".

Ahora, la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica tiene seis meses para responder a sus demandas.

En la ciudad de Barcelona, el 80% de los afectados son pequeños tenedores. El alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha asegurado que hará uso de la regulación para extinguir las 10.100 licencias de pisos turísticos vigentes en la ciudad. Actualmente, este parque de viviendas representa el 40% de plazas turísticas en Barcelona.

Pendientes del Constitucional

Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat son una de las vías de demanda abiertas por los propietarios y se basan en la disposición transitoria 2ª del decreto ley, que prevé la retirada de facto de las autorizaciones en 2028.

En paralelo, la Comisión Europea ha abierto un expediente por vulneración de la normativa comunitaria, y la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) también ha denunciado la regulación ante la Unión Europea. Además, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de 2023.

Entre los efectos negativos de la norma autonómica están la imposibilidad de amortizar inversiones y la pérdida de valor de los pisos turísticos que pierdan su licencia, aparte de la incertidumbre entre trabajadores y clientes.

"Los apartamentos turísticos regulados no son la causa del problema de la vivienda, ni su eliminación garantiza que pasen a convertirse en viviendas residenciales", ha declarado Alcántara.