Bruselas avala el veto del Gobierno a la opa de Talgo por el grupo húngaro Magyar Vagon

La decisión del Gobierno de vetar la opa de Magyar-Vagon sobre Talgo, "por motivo de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España", ha llegado hasta Bruselas. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario tiene poco que decir al respecto. No solo deja en manos de los Estados miembro la toma de este tipo de decisiones, sino que, además, rechaza que deba autorizar una decisión como esta. En última instancia, sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que tendría algo que decir.

"La prerrogativa de tales decisiones corresponde a los Estados miembro", ha dicho en rueda de prensa la portavoz comunitaria Francesca Dalboni, y ha descartado que la Comisión Europea haya mantenido algún contacto con el Ejecutivo español al respecto. En todo caso, ha puntualizado que los Estados miembro no tienen por qué informar a Bruselas.

"La Comisión Europea no tiene que aprobar ex ante la decisión de España de vetar esta adquisición", ha añadido Dalboni para descartar, inmediatamente después, que el Ejecutivo comunitario vaya a proporcionar comentario alguno al respecto.

La portavoz comunitaria se ha remitido a los tratados de la UE para recordar que los Estados miembro pueden restringir la libertad del mercado único, como la libertad de establecimiento y la libertad de flujo de capital, por motivos de seguridad pública. "Estas medidas deben ser justificadas y proporcionadas", ha concretado.

"Las acciones que los Estados miembro tomen al respecto, las decisiones que tomen en relación a las inversiones de otra compañía europea, están bajo la supervisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha complementado el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, que ha recordado que se trata de inversiones dentro de la UE: de una compañía húngara en otra empresa europea.

El Consejo de Ministros acordó el martes no autorizar la operación de compra del fabricante de trenes español Talgo por parte del consorcio magiar Magyar-Vagon, después de que la Junta de Inversiones Exteriores, órgano que depende del Ministerio de Economía y encargado de analizar la entrada de capital extranjero en empresas españolas, emitiera un informe negativo sobre la operación.

Magyar-Vagon ofreció 5 euros por acción, lo que valora la operación por hacerse por el 100% de la industria ferroviaria en 619 millones. Al superar los 500 millones el Ejecutivo español debe darle el visto bueno y Moncloa se apoya en varios informes elaborados por el CNI que alertan de la conexión del consorcio húngaro con gobierno ruso liderado por Vladimir Putin.

La firma húngara tiene previsto recurrir la decisión del Gobierno a su oferta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por lo que no se espera que la retiren. Sin embargo, todo apunta a que la opa no podrá salir adelante. La ley impide que la CNMV pueda aprobarla. Si la CNMV espera a que los recursos se decidan, podrían pasar años con la opa paralizada.