La multa millonaria a las aerolíneas pone al PSOE en una encrucijada tras apoyar sus inversiones

El Ministerio de Transportes intercederá por el sector aéreo para que la Comisión Europea aclare cuáles son los derechos de los pasajeros tras conocerse la sanción de 150 millones de euros a las aerolíneas low cost interpuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El organismo regulador de consumo ha propuesto multar a las aerolíneas Vueling, Ryanair, EasyJet y Volotea por cobrar servicios como el equipaje de mano en cabina o la selección de asiento, aunque las compañías recurrirán la decisión. Mientras tanto, nada cambia para los viajeros.

El departamento dirigido por el socialista Óscar Puente ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad a las compañías aéreas y consumidores" y explicado que "el procedimiento administrativo todavía se encuentra en tramitación y, por tanto, es prematuro hablar sobre su resolución definitiva". Lo ha hecho en respuesta a la filtración de esta resolución que ha puesto en guardia a las compañías aéreas, que ya estudian posibles recursos a la decisión, primero en vía administrativa con un recurso de alzada y si fuera necesario, en vía penal.

Divergencias con Sumar

La posición de Transportes, controlado por el ala socialista del Gobierno y principal interlocutor del sector aéreo, es muy delicada en estos momentos y deja entrever un rechazo del PSOE que puede dar lugar a una nueva brecha en el Gobierno de Coalición. La posible multa tiene su origen en el expediente abierto por el antiguo Ministerio de Consumo, dirigido por el exlíder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Tras la constitución de un nuevo Ejecutivo, estas competencias se integraron en el actual Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, miembro de la coalición Sumar.

El ala socialista de Moncloa ha mostrado un apoyo explícito al sector aéreo. Frente a las exigencias de Sumar de eliminar los vuelos cortos con alternativa por tren, Óscar Puente ha señalado en más de una ocasión que prefiere que sea el propio mercado el que lo haga, abogando por mantener los vuelos de conexión con los grandes hubs, como ha hecho Francia.

También cedió ante las exigencias de Ryanair para bonificar nuevos tráficos en aeropuertos regionales, después de que la compañía irlandesa amenazase con retirar su inversión de 5.000 millones en España. Y en la misma línea, ha apoyado los planes del grupo IAG, dueño de Iberia y Vueling, para convertir el aeropuerto de Barajas en un hub intercontinental, más allá de si logra el visto bueno de la Comisión Europea a la compra de Air Europa.

Así, en un intento por reducir el shock causado por esta situación, el titular de la cartera de Transportes elevará esta discusión a la Comisión Europea en busca de un equipaje de mano estándar y que se regularicen las distintas políticas comerciales de las aerolíneas. "El Ministerio de Transportes considera fundamental la homogeneización de esta materia a nivel europeo. Por ello, elevaremos este asunto a la Comisión Europea para garantizar la máximo la seguridad jurídica del sector y los derechos de consumidores y usuarios", han apuntado fuentes del mismo.

Pese a sus intenciones, Bruselas ya renunció a asumir esta responsabilidad y se la traspasó a las aerolíneas. En concreto, la comisaria de Transportes, Adina Valean, aseguró en noviembre de 2023 que la Comisión no puede "microgestionar" una estandarización que depende de "muchos detalles" técnicos. Lo hacía en respuesta a una reclamación del Parlamento Europeo propuesta por Ciudadanos y que aprobaron los europarlamentarios de forma mayoritaria.

España, un caso único en Europa

Sin embargo, el equipo de Puente se ha de mover en una difícil ambigüedad para no dañar la coalición. Por ello, ha expresado que tanto el Gobierno como el Ministerio de Transportes "protegen los derechos de los consumidores y usuarios de servicios aéreos y garantizan la seguridad jurídica a las compañías aéreas que operan en España, para que desarrollen con absoluta normalidad su actividad".

Por esta razón, también ha indicado que "el Gobierno pondrá todos sus esfuerzos para que estos servicios se desarrollen con absoluta normalidad dentro de los cauces que marcan las leyes de Seguridad Aérea y Navegación Aérea", precisamente las mismas que motivan buena parte del expediente sancionador.

De su lado, la patronal de las aerolíneas, ALA, ha rechazado las sanciones, cuestionado su legalidad y criticado que se resuelva en medio de la negociación que mantienen las compañías con la Comisión Europea, cuya comisión de peticiones reclamó estandarizar las medidas de las maletas y unas franquicias comunes para evitar afecciones sobre los pasajeros.

"Todas las aerolíneas ya estamos colaborando en ello", expresan desde la Asociación de Líneas Aéreas. Esta defiende que el modelo de tarifas con servicios adicionales deriva en ventajas para los usuarios, que pueden acceder a precios más bajos en función de sus preferencias y necesidades de equipaje.

La preocupación compartida por Moncloa y las aerolíneas está en la posible pérdida de competitividad de España como destino turístico y las complicaciones para los usuarios que supondrían aplicar estas medidas sólo en nuestro país. A juicio de ALA, si un juez prohíbe el cobro de estos suplementos, España sería el único país europeo que prohíbe las tarifas básicas con una pieza de equipaje de mano, lo que tensaría al alza los precios y rompería el mercado único europeo de billetes de avión. Esta situación afectaría "al PIB, al empleo, la conectividad y la atracción de inversión en el país", concluyen.