El artículo 135 y el déficit público

El 2 de septiembre de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó, con 316 votos a favor y 5 en contra, una importante reforma de la actual Constitución Española: el cambio en el texto del artículo 135 del Título VII, relativo a Economía y Hacienda. José Luis Rodríguez Zapatero, al frente del Gobierno, promovió el cambio. La propuesta fue aprobada con los votos del PSOE y del PP. En total 316 síes. Muy por encima de los tres quintos necesarios (212 votos a favor) para la sacar adelante la modificación constitucional. Se ausentaron de la Cámara la mayoría de los que ahora facilitarán un Gobierno PSOE-UP: Izquierda Unida (hoy en UP), ERC, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), también con Podemos en la actualidad.

El PNV, presente en la ocasión, se abstuvo. Y CiU, hoy Junts per Catalunya, tampoco votó. Nafarroa Bai (Geroa Bai) se ausentó igualmente. Los 5 votos en contra correspondieron a UPyD, entonces con Rosa Díez, Coalición Canaria, y dos diputados socialistas: uno, que ya lo había anunciado, Antonio Gutiérrez, y otro, que votó en contra, según se dice, por error. Hubo también tres diputados socialistas que se ausentaron. Pedro Sánchez, diputado socialista entonces, votó a favor.

El cambio constitucional se sustanció con una Ley Orgánica, aún vigente, que establece un límite del 0,4 por ciento al déficit de las Administraciones Públicas; que se divide en un 0,26 por ciento para el Estado y el 0,14 por ciento para cada Comunidad Autónoma. Los Ayuntamientos no pueden tener déficit, según marca la norma constitucional.

Tal como está en la actualidad, el artículo 135 de la Constitución Española tiene seis apartados, cuando antes contaba únicamente con dos. El primero obliga a las Administraciones Públicas a mantener el principio de estabilidad presupuestaria, que se concreta en el segundo, mediante la prohibición de que, tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas, superen los márgenes de déficit que establezca la Unión Europea para sus Estados miembros, que sólo podrá superarse "en caso de catástrofes naturales o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado", según reza su apartado cuarto.

En el quinto se menciona la necesaria Ley Orgánica antes referida. Y en el sexto, se obliga a las Comunidades Autónomas a incorporar en sus respectivos Estatutos de Autonomía las disposiciones necesarias para cumplir con la modificación constitucional. Hay que hacer notar, además, que el apartado tercero de la norma constitucional obliga al Estado y a las Comunidades Autónomas a estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Hasta aquí una síntesis de lo que dice la Constitución Española en materia presupuestaria que, se supone, es de obligado cumplimiento mientras continúe vigente. Sin embargo, aún con los presupuestos del olvidado ministro Cristóbal Montoro, es de suponer que el nuevo Gobierno PSOE-UP que salga de las próximas votaciones en el Congreso de los Diputados propondrá para este año unas nuevas cuentas públicas.

Datos contrastables

De lo que se sabe, sólo hay dos datos contrastables. El primero tiene que ver con el fallido presupuesto que se presentó en 2019 para su aprobación en el Congreso de los Diputados el Gobierno del PSOE (bajo acuerdo con UP), que comenzaba su exposición hablando de los 7 años de recortes de los Gobiernos del PP, "donde los y las ciudadanas de este país han visto como en estos años crecía la desigualdad, la pobreza y la precariedad al tiempo que se recortaba la inversión pública en el Estado del Bienestar" (sic).

De ahí que se proponía, con la economía española creciendo por encima del 2 por ciento, un aumento del gasto de 22.000 millones de euros respecto del presupuesto de 2018, aún prorrogado. Eran, al decir de la Ministra de Hacienda, "unas cuentas feministas que favorecen la cohesión, la justicia social, la distribución de la riqueza y la modernización de la economía" (sic). Para lograr el encaje, se suponían unos ingresos de 324.713 millones de euros: un incremento del 7,9 por ciento con respecto al anterior, que sigue siendo el actual.

El segundo dato contrastable, tiene que ver con el acuerdo de gobierno PSOE-UP. Son 51 páginas llenas de políticas sociales destinadas a "mejorar" la inversión y el gasto público en relación con la lucha contra el cambio climático, la educación, la protección social, la sanidad, etc. Asuntos en los que el documento nada dice de cómo se podrá asumir su gasto.

Parece, eso sí, que se habla fuera del acuerdo de un aumento impositivo de unos 5.000 millones de euros; poco si se quiere alcanzar toda esa nueva carga de gasto público; ya que, si se consiguiera incluso alcanzar una recaudación del 40 por ciento del PIB, se estaría lejos de cubrir la previsión que el propio Gobierno hace de un gasto por encima del 41 por ciento del PIB previsto para 2020.

La cuadratura del círculo

Todo con Bruselas por detrás que ya ha anunciado la necesidad de que España haga un esfuerzo fiscal adicional del 0,65 por ciento del PIB, unos 8.000 millones de euros.

Hay quien dice que lo que no son cuentas, son cuentos. Pero lo cierto es que será muy difícil hacer la cuadratura del círculo cumpliendo lo que marca la Constitución Española en términos de déficit y llevando a cabo unas políticas de gasto muy superiores a lo que el sistema puede aguantar.

Todo en una situación en la que la economía estará creciendo en España por debajo del 2 por ciento. Aunque, ya puestos, si la Constitución del 78 no sirve para mantener la estructura actual del Estado, tampoco tiene porqué servir para imponer unos criterios fiscales que bien pueden ser pasados por alto.