Illa reparte 4,2 millones de test rápidos a las autonomías que no sirven para diagnosticar

Los 4,2 millones de test rápidos que el Ministerio de Sanidad ha entregado a las comunidades autónomas no sirven para diagnosticar a un infectado por coronavirus. Así lo refleja el último documento que ha consensuado el departamento de Salvador Illa con las comunidades autónomas en el que se explica la estrategia de diagnóstico.

El lunes pasado se reunieron el ministro de Sanidad y los consejeros del ramo. Fue en esa cita donde se consensuó el proceder en la desescalada y una de las recomendaciones no es precisamente el uso de los test rápidos de anticuerpo para controlar los posibles rebrotes. "Según la evidencia actual, la OMS recomienda el uso de test rápidos para determinadas situaciones, estudios y con fines de investigación. En general, estos no deben usarse para el diagnóstico ni para la toma de decisiones clínicas, hasta que esté disponible la evidencia que respalde su uso para estas indicaciones", explica la nueva estrategia de diagnóstico.

Pocas líneas antes, el documento explica cómo se ha de proceder para diagnosticar un caso. "A todo sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24 horas. Si la PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica se repetirá la PCR con una nueva muestra del tracto respiratorio. Si la PCR continúa siendo negativa y han trascurrido varios días desde el inicio de los síntomas, se podrá plantear la detección de IgM (anticuerpos) mediante una prueba serológica tipo Elisa", dice.

El propio ministro también reconocía las limitaciones de los test rápidos en el Congreso de los Diputados. "Hay una fiebre por hacerse un test rápido de cualquier tipo y no es bueno. Se pueden usar pero no cualquiera y de cualquier forma. Los que hemos suministrado tienen una valoración previa del Carlos III y unas condiciones de uso muy determinadas", dijo en su comparecencia.

La decisión ha sentado como un jarro de agua fría en las comunidades autónomas. Varias (y de signo político idéntico al del Gobierno) han declarado a este periódico que este cambio de criterio se debía haber tomado hace un mes, y que el único uso que le darán, en todo caso, será para el estudio de seroprevalencia. "Sirven para la calma social", llegan a afirmar otras. Algunas también dicen que los están usando en una segunda vuelta en las residencias "porque se trata de situaciones muy controladas".

La recomendación ahora es el uso de PCR u otros diagnósticos moleculares y acompañarlo, cuando proceda, de la técnica serológica Elisa. La técnica molecular es una novedad que emula a la PCR con la misma fiabilidad. Sanidad ha llegado a un acuerdo con "una empresa nacional" para adquirir dispositivos, además de que el jueves Illa anunció que el Ministerio ha comprado un millón de pruebas PCR de las que ya se han repartido 150.000.

De todas formas faltan PCR en las autonomías, que deberán suplir con su acción o pedir ayuda al Gobierno. Illa asegura que "no va a ser posible hacer un test a cada español" y promete que "se harán tantos test como sea posible, pero también hay una cuestión logística... Hoy el cuello de botella es la capacidad logística", añadió.

Hay posibilidades de conseguir más. El lunes pasado se reunió un task force representado por Asebio con el ministerio de Ciencia para trasladarle una capacidad de producción de PCR de un millón semanales que, además, podrían multiplicar si el Gobierno les traslada sus necesidades. Según fuentes presentes, Pedro Duque aseguró que trasladaría la información a Sanidad. También la patronal Fenin, que representa al 95% de las empresas de diagnóstico in vitro, comunicó a Sanidad a comienzos de marzo una capacidad de producción de tres millones de test PCR al mes.