El sector prepara a contrarreloj sus alegaciones a la ley del medicamento

"Necesitamos un marco normativo estable que impulse la inversión y el desarrollo de medicamentos". La presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, resumió ayer con estas palabras el sentir de la industria farmacéutica innovadora en España ante el Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios. "Por lo tanto, nuestra principal objeción es conceptual más que de detalles de las medidas concretas que tiene el anteproyecto", aseguró de cara a la presentación de alegaciones del sector que finaliza el 8 de mayo, un mes después de que la polémica norma fuese aprobada por el Gobierno.

Si bien Farmaindustria tiende la mano al Ministerio de Sanidad para aprovechar la "oportunidad única para transformar nuestra sanidad y prepararla para los próximos 20 años", también tiene claras las líneas rojas que incluirá entre sus alegaciones: por un lado, se sumará al rechazo unánime expresado por el sector del sistema de precios seleccionados propuesto para medicamentos fuera de patente, que establecería precios más bajos cada seis meses mediante ofertas ciegas. "Esta medida agravaría los problemas de abastecimiento, dañaría el tejido industrial y afectaría a pacientes y prescriptores", según afirmó Fina Lladós.

Farmaindustria reclamará por ello una reforma del modelo de financiación y precio para garantizar que se recoja en el texto de la ley que los nuevos fármacos lleguen a los pacientes en un plazo de 180 días, conforme a la Directiva de Transparencia, y 90 días para la financiación acelerada de medicamentos para enfermedades raras, graves o incapacitantes, en las que no exista tratamiento alternativo".

A pesar de que el sector ha mostrado de forma pública un rechazo unánime a la norma, también existe la impresión de una "buena interlocución" con las autoridades, en palabras de Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general saliente de la Asociación de Medicamentos Genéricos (AESEG). La última de las reuniones previstas entre los cuatro ministerios implicados (Sanidad, Hacienda, Industria y Turismo y Ciencia) y la industria del ramo se canceló el lunes 28, el día del apagón, pero los contactos son continuos.

Mientras se intenta acercar posiciones, AESEG pide considerar también la creación de un modelo de precios dinámicos (vinculados al volumen de ventas) que sustituya al "sistema ciego de precios, que es una ruina", en referencia al nuevo modelo recogido en el artículo 116 de la norma, que rechazan de plano todas las patronales de laboratorios del sector, además de la distribución y los farmacéuticos.

Sobre los argumentos que Sanidad ha esgrimido respecto al elevado precio de los genéricos en España, comparado con los de Dinamarca y Suecia, AESEG recuerda que el 50% de los genéricos que se venden en España está por debajo de 1,60 euros a precio de venta de laboratorio, y eso después de haber asumido incrementos en el coste derivados de la guerra, la crisis de combustible y la normativa europea sobre aguas residuales. "No es el momento de dar otra vuelta de tuerca", aseguran.

La patronal de los fabricantes de medicamentos fuera de patente tampoco considera adecuada la comparación con países en los que no hay infraestructuras para fabricación y dependen de laboratorios en India y China, cuando el objetivo de Europa es alcanzar la autonomía estratégica.

Precisamente, en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum, Fina Lladós, presidenta de Farmaindustria, recalcó ayer la enorme importancia de la nueva norma, que viene a sustituir a una de 1996, reformada en 2006: "la sanidad, la salud, los medicamentos han cambiado mucho desde entonces, y para bien, pero sobre todo, va a cambiar muchísimo más en los próximos años".

Oportunidad para transformar

A su modo de ver, el salto "revolucionario" que se está produciendo en el mundo de la investigación de medicamentos con el uso de la ciencia de datos y la inteligencia artificial permite anticipar que "tenemos ante nosotros una oportunidad única en estos desarrollos normativos que se están produciendo actualmente, como esta ley, para transformar nuestra sanidad y prepararla para los próximos 20 años".

Si bien existe un acuerdo en los objetivos que persigue Sanidad, "el modelo definido en este anteproyecto no es favorable para la industria ni para los pacientes o los profesionales sanitarios", sostuvo Lladós.

A su juicio, se trata de un anteproyecto de ley con una visión económica muy cortoplacista, centrado sólo en políticas de ahorro a corto plazo que disminuyan el gasto público. "Lo correcto -en su opinión- es ver el medicamento y la sanidad como una inversión económica y socialmente muy rentable para España. Una inversión que genera importantísimos beneficios a medio y largo plazo en el aspecto sanitario, desde luego, pero también en la esfera social y en el ámbito económico, ya que arrastra sectores de grandísimo valor para el país".

La norma supondría, de hecho, un revés económico próximo a los 1.000 millones de euros para el sector, según la memoria de impacto económico del anteproyecto.

La presidenta de Farmaindustria reclama, además, una mayor inversión en sanidad, así como una apuesta por la innovación biofarmacéutica y las nuevas tecnologías, la producción de medicamentos en Europa y España, con el fin de lograr que la sociedad española tenga a su alcance, de forma ágil, los mejores tratamientos innovadores.

En este sentido, un informe de la consultora Analistas Financieros muestra que de los cerca de 22.000 millones de euros invertidos por el sector público en medicamentos en 2022, se obtuvo un ahorro de 14.200 millones de euros en otras partidas presupuestarias. El efecto multiplicador de la industria farmacéutica se traduce, además, en la generación de más de 27.000 millones de euros de valor añadido, según apuntó la presidenta de Farmaindustria.

100.000 millones en juego por los aranceles

Por otro lado, la presidenta de Farmaindustria se refirió a las consecuencias sobre el sector de potenciales aranceles del 25% que EEUU podría imponer a los productos farmacéuticos europeos. Una medida que de producirse provocaría aumentar en 30.000 millones los costes de producción de estos productos en Europa y podría poner en riesgo el 85% de las inversiones en activos a largo plazo, como edificios, terrenos, maquinaria o equipos; y el 50% de la inversión en I+D en Europa. "En total, pondría en riesgo más de 100.000 millones de euros de inversión en el periodo 2025-2029", aseguró.