Otro golpe a las cárnicas: reaparece la trama de los jamones podridos

Nuevo golpe al sector cárnico español. Cuando aún colea la polémica por las críticas lanzadas a las macrogranajas por parte del ministro del Consumo, Alberto Garzón, ha reaparecido la trama empresarial desarticulada en 2018 y que se dedicaba a la venta de jamones y productos ibéricos sin garantía sanitaria, en ocasiones incluso podridos.

En las últimas semanas, la Guardia Civil ha llevado a cabo distintas operaciones en las que se han inmovilizado miles de jamones, paletillas y productos envasados en distintas operaciones, con detenciones que, según confirman fuentes próximas a la investigación, estarían vinculadas en algunos casos con las mismas personas de la antigua red.

A la espera de como avancen ahora las distintas investigaciones en marcha, todo indica que podemos estar así ante un entramado con grandes proporciones, con ramificaciones en distintas provincias, que, presuntamente, habría alterado los precintos sanitarios, falsificando los sellos de calidad y vendiendo productos en mal estado, que ni siquiera eran aptos para el consumo humano, lo que implicaría un delito contra la salud pública y los consumidores.

Operaciones en curso

En la última operación, Guisima, llevada a cabo el pasado 22 de enero, hay un total de siete empresas implicadas, repartidas entre las provincias de Badajoz, Madrid, Murcia y Salamanca, con 19.600 jamones decomisados que se vendían como ibéricos cuando en realidad no lo eran, además de otras 10.000 piezas más que se inmovilizaron, sumando entre todas un valor de más de un millón de euros.

La investigación fue iniciada por funcionarios del servicio de salud pública y alimentaria de la Junta de Extremadura que ante la sospecha de que se estuviera llevando a cabo una actividad ilegal pusieron los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial, quien ordenó la investigación Seprona de Badajoz, con el fin de determinar si se pudiera estar incurriendo en un supuesto ilícito penal.

En la inspección de los productos, que fue llevada a cabo en una nave en la localidad pacense de Zafra, los agentes y los funcionarios de salud pública y alimentaria extremeños detectaron graves irregularidades en la trazabilidad, como la alteración de las fechas de consumo preferente, de varias partidas de paletas y jamones curados, además de en productos loncheados y deshuesados, que hacían imposible acreditar su origen y por tanto la necesaria garantía sanitaria.

De acuerdo siempre con las fuentes consultadas, "los productos carecían de los códigos de registros sanitarios y en muchos casos los precintos de la norma de calidad del ibérico aparecían violentados o colocados de forma irregular, de modo que piezas de jamón de la calidad comercial de cebo (precinto blanco) aparecían marcadas y reconocidas con precintos reglados exclusivamente para la calidad bellota".

Pero es que apenas unos días después de esta operación, el 22 de enero, agentes de la Guardia Civil del Seprona de Cáceres desarticularon otra organización criminal similar dedicada a una supuesta actividad fraudulenta relacionada con el sector cárnico en la provincia.

Se trataba en esta ocasión de la denominada Operación Sekai, por la que fueron detenidas cuatro personas e investigadas otras cinco y se procedió a a la incautación de 1.790 jamones y paletas, 760 kilogramos de diferentes embutidos y 4.500 kilogramos de carne congelada procedente del despiece del cerdo ibérico.

Un poco antes, el 30 de diciembre, agentes del Seprona de Madrid detuvieron en la operación Costmapa a tres personas e investigado a otros cinco por delitos similares, relacionados contra la salud pública y los consumidores, falsificación de documento, estafa y delito contra la propiedad industrial, a través la introducción al mercado de jamones y paletas simulando que eran ibéricas.

En ese caso, las partidas inmovilizadas fueron menores, de 405 paletas y 659 jamones por valor de unos 180.000 euros con irregularidades en los precintos.