Glovo contratará por primera vez a sus repartidores para evitar que su CEO vaya a prisión

Glovo ha decidido impulsar un nuevo modelo en España y contratar por primera vez a sus repartidores, que operaban hasta ahora como autónomos. Esta decisión se produce, según la compañía, "como parte de su firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país".

El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación, lo que puede implicar la contratación de 15.000 autónomos. La plataforma destaca que el nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.

"Glovo está preparado para que el servicio se desarrolle como hasta el momento, manteniendo métricas tan relevantes como los tiempos de entrega o la disponibilidad de repartidores en cualquier momento del día, entre otras", dice el grupo. En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.

Tras conocerse esta noticia, las acciones de la alemana Delivery Hero, propietaria de Glovo, perdían cerca de un 12% de su valor, hasta los 34,11 euros, en la Bolsa de Fráncfort, donde cotiza en el indicador MDAX de medianas empresas.

La decisión se produce después de que la fiscalía haya acusado al consejero delegado y fundador del grupo, Óscar Pierre, que está citado como imputado para declarar mañana ante el jueza, de mantener a los repartidores bajo un modelo de falsos autónomos pese a la Ley Rider y el fallo del Tribunal Supremo, que lo prohibió ya en 2020. El ministerio público consideró "indiscutible" que los riders son empleados por cuenta ajena, por lo que pidió la imputación de Pierre, que podría enfrentarse a un pena de hasta seis años de prisión, por un delito contra los trabajadores.

Tras la entrada en vigor de la Ley Rider en 2022, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha celebrado ahora la decisión, había avisado ya a la tecnológica de que nadie se escaparía del cumplimiento de la norma. La vicepresidenta segunda ha recordado de hecho a Glovo en varias ocasiones que la última reforma del código penal contempla ya penas para estas conductas, por las que la firma ha sido multada ya con más de 200 millones de euros.

Uber Eats, contra las cuerdas

Glovo no es, sin embargo, la única que se enfrenta a un posible problema con la justicia. Y es que la plataforma de repartidores RidersxDerechos y las organizaciones de taxistas as organizaciones de taxitas Élite Taxi y Taxi Project presentaron también el año pasado una querella contra Uber Eats por presuntos delitos de estafa, contra los trabajadores, contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, "dentro de una posible organización criminal", según consta en la misma.

El escrito fue presentado ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, ha sido admitido ya a trámite y se dirige no solo contra la empresa, sino también contra sus directivos. Los querellantes aseguran que, tras la entrada en vigor de la Ley Rider, "Uber Eats ha hecho un giro en su modelo: de los falsos autónomos pasó a la subcontratación temporal, donde ha externalizado fraudulentamente toda su actividad a diferentes empresas".