La jueza cita como imputado al consejero delegado de Glovo por un delito contra los trabajadores

Oscar Pierre, consejero delegado y cofundador de Glovo, tendrá que declarar el próximo 3 de diciembre ante el juzgado número 31 de Barcelona por un presunto delito contra los trabajadores. Pierre tenía que haber declarado en septiembre, pero la citación se pospuso y ahora la magistrada María Isabel Hernando ha acordado su citación a petición de la Fiscalía, para el próximo mes de diciembre, según han confirmado fuentes próximas a la empresa.

El fiscal acusa a Pierre de mantener a los repartidores bajo un modelo de falsos autónomos pese a la Ley Rider y el fallo del Tribunal Supremo, que lo prohibió ya en 2020. El ministerio público consideró "indiscutible" que los riders son empleados por cuenta ajena, por lo que pidió la imputación de Pierre, que podría enfrentarse a un pena de hasta seis años de prisión.

Tras la sentencia del Supremo y la entrada en vigor posteriormente de la Ley Rider en 2022, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz había avisado ya a la tecnológica de que nadie se escaparía del cumplimiento de la norma. La vicepresidenta segunda ha recordado de hecho a Glovo en varias ocasiones que la última reforma del código penal contemplaya penas para estas conductas, por las que la firma ha sido multada ya con más de 200 millones de euros.

Delivery Hero, la matriz alemana de Glovo, admitió que podría enfrentarse a multas y reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social en España por un importe de entre 200 y 400 millones de euros. Lejos de ceder ante los requerimientos de Trabajo, la empresa ha mostrado en todo momento su predisposición a acudir a los tribunales para defender su modelo de negocio ante el estatus laboral de sus repartidores, admitiendo, eso sí, que podría verse también obligada a depositar avales bancarios! hasta que haya una resolución judicial.

Querella contra Uber Eats

Glovo no es, sin embargo, la única que se enfrenta a un posible problema con la justicia. Y es que las organizaciones de taxitas Élite Taxi y Taxi Project y la de repartidores RidersxDerechos han presentado también una querella contra Uber Eats por presuntos delitos de estafa, contra los trabajadores, contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, "dentro de una posible organización criminal", que fue admitida a trámite en la Audiencia Nacional.

El escrito fue presentado ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, y se dirigía no solo contra la empresa, sino también contra sus directivos. Los querellantes aseguran que, tras la entrada en vigor de la Ley Rider, "Uber Eats ha hecho un giro en su modelo: de los falsos autónomos pasó a la subcontratación temporal, donde ha externalizado fraudulentamente toda su actividad a diferentes empresas".