Retail - Consumo

La alimentación achaca la inflación a los costes y apuesta por innovar

  • El sector agroalimentario ve en la digitalización una garantía para su sostenibilidad económica

Javier Mesa

El aumento de la escasa inversión dedicada actualmente a la digitalización e innovación en el campo español será clave para garantizar la sostenibilidad económica y medioambiental de un sector estratégico en la economía como es la industria agroalimentaria, que se enfrenta a una crisis de costes de producción y climática sin precedentes.

Aunque no fue la única, esta fue la principal conclusión de la mesa redonda organizada ayer en Madrid por elEconomista.es bajo el título 'La sostenibilidad del campo a la mesa ante un entorno de subida de precios' y en la que se dieron cita representantes de los diferentes eslabones que componen la cadena de valor agroalimentaria de nuestro país. La idea, compartida por todos los participantes, la lanzó en su primera intervención durante la mesa redonda Lorena Ruiz, directora de Negocio Agro de Santander España, entidad patrocinadora del evento.

Lorena Ruiz fue muy directa en su análisis de la situación del campo español al enumerar las dificultades que ha atravesado en los últimos ejercicios y sigue sufriendo y que pasan por la progresiva reducción de las lluvias, el aumento de las temperaturas, el incremento de los costes de producción o la crisis desatada por el estallido del conflicto en Ucrania, hace un año. En este sentido, la responsable de Santander recalcó la necesidad de "buscar soluciones a todos estos retos a través del impulso a la transformación digital, la innovación y la profesionalización del sector como vías para lograr una mayor eficiencia en las explotaciones agrarias y un campo que resulte atractivo para los jóvenes que deben dar el relevo generacional".

Ejemplos de apoyo

En este sentido, la representante de Santander citó varios ejemplos de sus líneas de apoyo al sector agrario, como el lanzamiento del fondo Agro Smart, dotado de 500 millones de euros y con los que han invertido en "una empresa de biotecnología en Almería que trabaja para ofrecer soluciones alternativas al uso de fitosanitarios o en otra compañía que trabaja en la transformación de 10.000 hectáreas en España y Portugal para el cultivo de almendros".

Como voz autorizada de este campo, el director general de la cooperativa agroalimentaria Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, puntualizó que, además de la necesaria modernización agraria, el sector español afronta el reto de lograr la rentabilidad en un país con más de 11 millones de hectáreas de agricultura de secano que no son competitivas.

Así, recalcó que "en España hay agua suficiente para todos, aunque en muchas zonas no se están explotando adecuadamente, lo que podría generar conflictividad social en el futuro entre quienes mantienen explotaciones rentables y los que trabajan cultivos de secano en una misma zona". Asimismo, el máximo responsable de la cooperativa andaluza insistió en que "la Ley de la Cadena Alimentaria no ha servido para nada" y recalcó la importancia de crear estructuras en el cooperativismo que ayuden al sector primario a mejorar su comercialización.

Menos carga administrativa

Desde el siguiente eslabón de la cadena, el de la industria, Óscar Hernández, director de Comunicación y Asuntos Públicos de Pascual, reclamaba que se "deje de usar el sector agroalimentario como arma política y buscar el consenso para avanzar en una posible transición de la cadena, incluso a través de un pacto de estado".

Asimismo, el portavoz del grupo alimentario abogó por simplificar la carga administrativa que soportan en un país que es una potencia productora y exportadora de alimentos y en el que la actividad de la industria se ve supervisada por hasta cuatro ministerios, además de las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales o los ayuntamientos. En contraposición a todas las trabas y requisitos burocráticos, Hernández ironizó con la dificultad a la hora de notar los efectos del Perte agroalimentario, que aseguró que "no ha permeado en la industria".

En cuanto a las sucesivas subidas de precios, el portavoz de Pascual explicó que si los costes de producción suben, los agricultores tienen que repercutir este incremento a la industria y, esta, a su vez, a la distribución. Lo importante, reconocía, es "analizar después si este reparto de subidas los costes se realiza de forma equitativa en todos los eslabones".

"Hay un incendio en torno al precio de los alimentos cuando la inflación es generalizada"

Otro de los representantes de la industria alimentaria, Florencio García, consejero delegado de Better Balance, firma especializada en alternativas vegetales de Grupo Sigma, recordó que el lanzamiento de esta nueva firma hace más de un año buscaba precisamente avanzar en la sostenibilidad del mundo agrario al "dar valor añadido a productos como el guisante, la soja o la patata", que emplean para producir sus alimentos sin proteína animal. García recordó que aportar valor añadido a este tipo de cultivos, al final, repercute en toda la cadena agroalimentaria, en un sector que está compuesto en un 92% por pymes y autónomos. Ante la crisis de precios, añadía, ahora "las cadenas de distribución están dedicando menos espacio a este tipo de productos de valor añadido en favor de otros básicos", reduciendo la repercusión de proyectos como Better Balance sobre la cadena.

Como portavoz de una organización en la que están representados diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, el director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste, destacó que el evidente desequilibrio de precios que existe en la actualidad "no es imputable a ninguno de sus componentes, sino al coste de producción que se ha disparado y que cada actor se ha visto obligado a repercutir en su actividad". Yuste enfatizó que los márgenes de la distribución española se encuentran en una media del 2%, por lo que sus beneficios llegan desde unos volúmenes de ventas que, además, "ahora están disminuyendo debido a la pérdida de poder adquisitivo de las familias".

Reducir los costes

Para revertir esta situación de inflación de precios, Yuste apostó por iniciativas que ayuden a "reducir estos costes de producción" y recordó que no conoce en España un sector que hubiera mostrado mayor responsabilidad ante las dificultades surgidas en los dos últimos años que el agroalimentario, primero durante la pandemia, y después asumiendo el impacto de la inflación durante meses sin repercutirlo al 100% sobre el consumidor. Aun así, Yuste mostraba su preocupación ante la reducción del presupuesto dedicado por las familias a la alimentación que hasta ahora representaba de media un 15% del gasto de los hogares.

En cuanto a las previsiones sobre la evolución del mercado de la distribución alimentaria, el director de Consumo de Kantar Worldpanel, César Velencoso, avanzó que, a pesar del mal arranque vivido el pasado mes de enero y de la ausencia de síntomas claros de que se vaya a frenar la subida de precios, "la tendencia en nuestro país es la de ir alcanzando progresivamente los niveles de consumo previos a la pandemia hasta lograr en 2023 un volumen positivo en el gran consumo de los hogares".

En cuanto a la regulación de unos precios de la alimentación que acaparan a diario titulares en los medios de comunicación, el experto en consumo recordó que lo normal es "construir un sistema de libre mercado que funcione con independencia de quien gobierne". En este sentido, Velencoso se mostró sorprendido ante el incendio constante que se vive en torno al precio de los alimentos, un fenómeno que a su juicio se está simplificando, cuando la inflación es algo generalizado y un problema que afecta a todos los ámbitos del consumo.