El pequeño comercio alerta de miles de cierres por el tope a los precios de Yolanda Díaz

Las reacciones a la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de poner un tope al precio de los alimentos básicos siguen sucediéndose, ahora con el aviso de Confederación Española de Comercio (CEC) de que podría desencadenar el cierre de miles de negocios de proximidad.

La confederación asegura en un comunicado que, de salir adelante un hipotético pacto entre el Gobierno y los grandes grupos de distribución, se produciría un inevitable trasvase de consumo hacia las principales cadenas en detrimento de los comercios de proximidad, incapaces de competir en márgenes y de asumir los costes.

Desde CEC recalcan que este anuncio llega en el peor momento tras meses de subidas de los costes fijos para los pequeños comerciantes que no hacen más que ver dispararse la factura de la energía y los alquileres, además de los variables por el incesante aumento de los precios de los productos que venden.

"Somos ante todo empresas familiares por lo que somos conocedoras de primera mano de la difícil situación que atraviesan muchos hogares españoles, por lo que llevamos rebajando márgenes y conteniendo precios desde hace meses, pero la solución para ayudar al consumidor (fin con el que nos mostramos totalmente comprometidos) no debe pasar en ningún caso por una medida que perjudique directamente al comercio de proximidad", señala Rafael Torres, presidente de CEC.

En esta misma línea, la entidad considera incompresible que no se les haya convocado a la reunión prevista para el próximo lunes con las principales asociaciones de la gran distribución para abordar la propuesta y emplaza a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a contar con ella como máximo representante nacional del comercio de proximidad.

Dudas de la OCU

Por otra parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) planteó ayer sus dudas sobre la eficacia y el alcance real que pudiera tener la propuesta de Yolanda Díaz, una medida que además plantea serias complejidades desde el punto de vista legal.

A falta de una propuesta más concreta, fuentes de OCU juzgaron necesario aclarar si la propuesta busca fijar un precio máximo para un conjunto de alimentos o establecer acuerdos de buenas prácticas para evitar subidas de precios por parte de las grandes distribuidoras.

Ambas posibilidades, aseguraban, tendrían un encaje complejo en el actual marco legal, tanto desde el punto de vista de la fijación de precios como de la competencia, además de plantear el problema de decidir qué categorías componen la cesta básica de alimentos.