Los peritos de Hacienda y la Intervención del Estado cuantifican en casi un millón de euros sin IVA los gastos comprometidos para el 1-O

Tres peritos de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado (IGE) han ratificado la acusación por malversación en el juicio del procés al haber cuantificado en al menos 917.648 euros sin IVA los gastos que la Generalitat de Cataluña comprometió para financiar el proceso independentista y, más en concreto, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Esta cantidad hace referencia a todas aquellas partidas que analizaron los técnicos de Hacienda y de la IGE y que plasmaron en sendos informes que llegan a la misma conclusión de gastos comprometidos en el año 2017 por la Generalitat, según han explicado las cuatro peritos durante su comparecencia en el juicio del procés en el Tribunal Supremo.

La perito de la IGE, Mercedes Vega, ha explicado que su informe diferencia entre gastos comprometidos y gastos efectivamente realizados, es decir, pagados, si bien la representante de Hacienda Carmen Tejera ha remarcado que en el suyo sólo hacen mención al primer grupo, porque, en su opinión, el perjuicio al erario público se produce en el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario.

Publicidad, webs y cartelería

De todo lo analizado en sus informes, según ha remarcado esta perito, se puede concluir que ese perjuicio al erario público se produjo en los encargos de publicidad, puesta en marcha de páginas web o diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal que llevó a cabo el Gobierno de Carles Puigdemont.

Sin embargo, Tejera ha querido dejar claro que este casi millón de euros que figuran en su informe no son los únicos gastos que se comprometieron para el procés, ya que para estas conclusiones no se han tenido en cuenta otros desembolsos que podrían haberse realizado en algún periodo anterior a 2017.

También ha constatado que pudieron producirse otros gastos cuyo concepto no hace referencia al referéndum en concreto, sino que se habrían incluido en los conceptos generales de los departamentos de la Generalitat, antes y durante 2017, y no se habrían destinado a los fines que fija la ley dentro la prestación de servicios públicos básicos para los ciudadanos como "trasplantes o diálisis".

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