El Gobierno aprueba la reforma de la Constitución para una limitación de los aforamientos que 'ignora' la corrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma de dos artículos de la Constitución para limitar los aforamientos al ejercicio del cargo y ha precisado que el Ejecutivo se da el plazo de un año para realizar todas las reformas que conlleva ponerlo en marcha, ha indicado la vicepresidenta Carmen Calvo. La medida, sin embargo, no es estricta en cuanto a la corrupción, siendo ésta una de las principales críticas al anuncio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una ronda con todos los grupos parlamentarios con el fin de lograr los apoyos en el Parlamento para sacar adelante la citada reforma, según ha comentado Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta ha precisado que con esta medida, el Ejecutivo traslada a los ciudadanos la seguridad de que los cargos públicos "están sometidos con igualdad ante las leyes" y considera que "de esta forma se hace más riguroso" ese sometimiento a la Ley ya que "todos los aforamientos de los cargos públicos quedarán reducidos al ejercicio estricto de su función".

Uno de los más críticos ha sido Albert Rivera. El presidente de Ciudadanos considera una "estafa" que el Gobierno "blinde la corrupción" y llama a suprimir "todos los aforamientos políticos". Y es que la reforma propone limitar el aforamiento de los miembros del Gobierno, diputados y senadores a delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo pero no listará los delitos de corrupción fuera del aforamiento para más "flexibilidad". Tampoco entrará la reforma en el terreno de las autonomías, que tendrán libertad para decidir cuándo revisar sus Estatutos para que se adecuen a la nueva redacción de la Carta Magna.

Consulta al Consejo de Estado

El pasado 21 de septiembre, el Consejo de Ministros encomendó al Consejo de Estado que elaborara una propuesta para modificar la Constitución en lo que refiere al aforamiento de los parlamentarios y miembros del Ejecutivo. Sánchez avanzó esta propuesta en el acto del 17 de septiembre para festejar los primeros cien días de su llegada al Palacio de la Moncloa.

El Ejecutivo encargó la redacción del informe el pasado 21 de septiembre para modificar los artículos de la Carta Magna 71.3 y 102.1. El primero señala que "en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo"; y el segundo, que "la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

Cuando el órgano consultivo que preside María Teresa Fernández de la Vega remitió el 15 de noviembre su informe, el primer Consejo de Ministros no pudo estudiarlo porque tampoco estaba el presidente, que se encontraba en Guatemala participando en la Cumbre Iberoamericana.

En el informe del Consejo de Estado, que no es vinculante, se respalda que sigan aforados ante el Tribunal Supremo los políticos pero solo en lo que se refiere a sus actuaciones en el ejercicio de las funciones propias del cargo.