La defensa del 'procés' y la inacción legislativa marcan los primeros cien días de Torra

Simbolismo y reivindicación para mantener viva la llama del proceso soberanista, pero una actividad legislativa bajo mínimos y tímidos avances en la operación de deshielo iniciada con el Gobierno español. Joaquim Torra cumple este sábado sus primeros 100 días como presidente de la Generalitat con un balance muy limitado en las concreciones de su acción gubernamental.

En su discurso de investidura, Torra ya señaló que sus prioridades serían avanzar hacia la "república catalana" y denunciar el encarcelamiento de los líderes independentistas, pero no lanzó promesas significativas en materia económica, más allá de la recuperación de las 16 leyes impugnadas por el Gobierno del PP ante el Constitucional.

Torra también dejó muy claro desde el principio que el principal objetivo de su mandato era la restitución del expresidente catalán Carles Puigdemont al frente de la Generalitat y de su anterior Ejecutivo, cesado a través del artículo 155 de la Constitución. De hecho, su primer acto como president fue visitar a Puigdemont en Berlín, un viaje que ha repetido con asiduidad, primero a Alemania y luego a la actual residencia del expresidente en Bélgica. Tras aquel primer encuentro, Torra intentó nombrar como miembros de su Gabinete a los consejeros presos o huidos que habían participado en el 1-O como responsables del anterior Govern cesado. Tras el fracaso de este plan, Torra terminó nombrando un Ejecutivo autonómico compuesto por consejeros sin imputaciones por su participación en el procés, logrando así el decaimiento del 155.

Pasividad parlamentaria

En materia legislativa es donde más tenue ha sido la huella que ha dejado la llegada de Torra al frente del Govern en estos más de tres meses. El Ejecutivo autonómico no ha logrado aprobar ninguna ley en el Parlament, mientras que solo ha llevado a la Cámara catalana la validación de dos decretos ley, uno sobre la prórroga de los Presupuestos y otro para revertir la privatización de Aigües Ter Llobregat, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la concesión a Acciona. Asimismo, el Govern únicamente ha iniciado el trámite parlamentario para aprobar cuatro proyectos de ley, concretamente, sobre la modificación del Código Civil, la creación de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, así como la regulación del sector vitivinícola y de los contratos de servicios a las personas.

Por el contrario, el president se ha mostrado durante sus primeros 100 días mucho más activo en la defensa de la libertad de los líderes soberanistas que se encuentran en prisión provisional por su papel en el 1-O y la declaración de independencia. Torra ha visitado en numerosas ocasiones a los políticos presos, tanto cuando estaban en cárceles madrileñas como posteriormente, cuando fueron trasladados a Cataluña. En este sentido, el jefe del Govern ha sido muy incisivo en la defensa de la presencia en el espacio público de los lazos amarillos que reivindican la liberación de los presos, llegando a colgar en la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta con dicho símbolo y reclamando al Ministerio de Interior que actúe contra un agente de la Guardia Civil que fue identificado retirando lazos en Tarragona. La defensa de los líderes presos ha sido paralela al apoyo que ha dado Torra a los consejeros del anterior Govern que se encuentran en el extranjero, con los que se ha reunido en varios viajes a Bélgica y Escocia.

Operación deshielo

Otra de las líneas de acción de la presidencia de Torra en estos primeros 100 días se ha centrado en retomar las relaciones institucionales con el Gobierno, aprovechando la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, que tuvo el apoyo de los soberanistas catalanes. La visualización de este deshielo se produjo el 9 de julio con la reunión entre Torra y Sánchez en La Moncloa, un encuentro que debe repetirse en otoño en Barcelona. El president planteó entonces al jefe del Gobierno su defensa del derecho a la autodeterminación como vía para solucionar el conflicto catalán y su reclamación de la liberación de los políticos presos.

Aunque ambos líderes no llegaron a ningún acuerdo sobre estos puntos, sí que pactaron la reactivación del diálogo entre ambas administraciones a través de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, abandonada desde 2011, que debería ser el marco de negociación sobre traspasos competenciales, financiación autonómica e infraestructuras. La reunión de este órgano se celebró el 1 de agosto, pero tampoco se materializaron grandes avances, más allá de esbozarse algunas inversiones del Estado en obras públicas pendientes en Cataluña. Antes de finales de septiembre, se reunirán los grupos de trabajo derivados de la Comisión Bilateral para intentar concretar algún acuerdo.