La Fiscalía solicita prisión para Anna Gabriel y pide al juez Llarena una orden de detención internacional

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al juez Pablo Llarena que dicte auto de prisión contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y orden de detención internacional para sustentar una futura demanda de extradición a Suiza, han señalado en fuentes del Ministerio Público.

También ha pedido orden de detención la acusación popular en la causa del 'procés', ejercida por Vox, tras constatar su incomparecencia este martes en el Tribunal Supremo, donde había sido citada a las 9:30 horas por el juez Pablo Llarena para ser interrogada por delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos.

La secretaria del Juzgado ha levantado acta de incomparecencia a las 10:00 horas, tras constatar que habían pasado 30 minutos y Gabriel no aperecía, tal y como había anunciado su defensa, y la ha remitido al magistrado instructor, que acordará ahora lo que considere oportuno al respecto.

Suiza insiste: no puede ser extraditada

Gabriel no puede ser extraditada de Suiza a España aún cuando el delito del que se le acusa -el de rebelión- existiera en el Código Penal helvético en lo referente a delitos contra el Estado o alta traición, recalcó hoy el Gobierno suizo.

"Aún cuando el examen de una eventual solicitud de detención o de extradición arrojara que los delitos de los que se le acusa a Anna Gabriel también los fueran en Suiza (...) una extradición a España no sería posible", dijo a Efe el portavoz del Departamento de Justicia, Folco Galli.

El Gobierno suizo ya dejó claro el martes que a priori el caso de la exdiputada catalana parece estar ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base legal y que por tanto una solicitud de extradición sería rechazada con toda probabilidad, eso sí tras un análisis exhaustivo.

Solo los crímenes contra la lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables como un secuestro de un avión o la toma de rehenes no son considerados delitos políticos.

Galli precisó este miércoles que incluso si el delito por el que se le investiga a Gabriel en España fuera igualmente considerado un delito en el Código Penal suizo tampoco sería posible su extradición.

"Existiera la correspondencia del delito en ambos países, que es una importante precondición para la extradición, pero lo decisivo aquí es que se trata a primera vista de delitos políticos (...) que en el Convenio Europeo de Extradiciones y la ley suiza están excluidos", indicó el portavoz del Departamento de Justicia.

Delitos con violencia

Lo único comparable con el delito de rebelión en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece "una pena privativa de al menos un año" para aquel que cometa actos tendentes "a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón".

Lo mismo se aplica para quienes "derroquen por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o les impida mediante la violencia ejercer su poder" o "separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio cantonal de un cantón".

Galli reiteró que si el juez Llarena decidiera hoy al comprobar la ausencia de Gabriel en su citación con el Tribunal Supremo español cursar una orden de detención internacional o de extradición a Suiza, el Departamento de Justicia "analizaría con profundidad los hechos para verificar si las autoridades españolas acusan a Anna Gabriel de delitos políticos".