El Tribunal de Cuentas reclama a Artur Mas 5,2 millones por el 9N

El Tribunal de Cuentas ha reclamado este lunes a Artur Mas 5.251.948,17 euros en concepto de reparación del dinero público gastado en la celebración de la consulta del 9N en 2014. Aunque el expresidente del Govern catalán es responsable máximo de cada presunta irregularidad cometida para celebrar el referéndum ilegal, no es responsable único y así lo establece el tribunal en el reparto de responsabilidades con sus exconsellers y altos cargos.

El abono de esa cantidad total se hará manera solidaria, estando los 5,2 millones 'despiezados' en diferentes sumas por las que tendrán que responder en función de su responsabilidad también la exvicepresidenta Joana Ortega, y los exconsellers Irene Rigau (Educación) y Francesc Homs (Presidencia) así como otros seis cargos y técnicos que ayudaron en el desarrollo de la consulta. Como solidaria, en caso de que alguna de las partes no pudiera afrontar el pago lo tendrán que hacer el resto de implicados. El plazo otorgado por el tribunal para depositar la cantidad es de 15 días. Si traspasado el mismo no se ha realizado el abono se procederá al embargo de sus bienes.

En el acta de liquidación se concreta lo que reclaman a cada uno de ellos y las fianzas que se les imponen, aunque aún tendrán un último plazo de alegaciones , que ya han anunciado que utilizarán, antes de que las cifras sean definitivas. Estas cifran marcan el nivel de responsabilidad de cada uno con respecto a esos 5,2 millones reclamados. Aunque Mas es el máximo responsable para el tribunal, el desglose de la responsabilidad individual de cada uno establece la cantidad de 3.044.399,09 euros para Rigau por la adquisición de ordenadores portátiles, 2.127.580,09 euros para Homs y 839.439,75 euros para Joana Ortega. 

De esos 5,2 millones, 4.831.599,03 euros corresponden a los gastos derivados de la organización de 9N y 420.349,14 a intereses.

Cuadro: Tribunal de Cuentas.

Acuden solo sus abogados

Los denunciantes, Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, reclamaban en conjunto la devolución de algo más de cinco millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público. La denuncia se justificaba en que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público. 

A la sede del Tribunal de Cuentas estaban citados el expresidente catalán Artur Mas, su exvicepresidenta Joana Ortega, y los exconsellers Irene Rigau (EDucación) y Francesc Homs (Presidencia), así como a otras siete personas que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9N: el exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana, más Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana y Jordi Serra i Catalán. En su lugar y a modo de representantes, cuatro abogados y un procurador han llegado al Tribunal de Cuentas en medio de una gran expectación de periodistas.

Aunque no han acudido al Tribunal de Cuentas, Mas, Homs, Rigau y Ortega han firmado hoy una carta conjunta publicada en La Vanguardia en la que defienden que los catalanes voten su futuro el próximo 1-O. En cuanto a sus condenas por el 9N, aseguran que hay una gran diferencia entre los cuatro y quienes han sentenciado contra ellos: "Haremos todo lo posible para que los que piensen como ellos también puedan votar en Cataluña".

A este trámite, con el que se pone fin a la fase de instrucción, los citados no tienen que acudir personalmente, sino que pueden enviar a sus representantes legales. Todo ello, sin perjuicio de lo que, posteriormente, se decida en el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance, dado que la fianza sólo tiene como objetivo garantizar que los investigados puedan hacer frente a una eventual condena futura.

El Tribunal de Cuentas ya dijo que con Artur Mas y demás investigados se ha seguido el "procedimiento habitual" en los casos de alcance o malversación por daño a los fondos públicos, según lo previsto en la Ley de Funcionamiento del Tribunal.

Inhabilitados por el Supremo

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

En su resolución, el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.