La lucha antiterrorista se complica en la UE por la falta de una política común

La seguridad se ha convertido en una política prioritaria para la Unión Europea. Prueba de ello es que los Presupuestos para este año comprometen en esta materia 5.910 millones de euros, un 11,3% más que en 2016. En el pasado, las medidas antiterroristas solo avanzaban en Bruselas a golpe de atentado. Ahora, los países miembros están decididos a impulsar la lucha contra el terrorismo. De hecho, durante el último año se han planteado muchas iniciativas para combatir el yihadismo, pero los desacuerdos institucionales, la desconfianza y la burocracia estancan su aprobación y puesta en marcha.

El intercambio de información, el registro de datos de los pasajeros aéreos, la intensificación de los controles fronterizos, la regulación sobre armas de fuego y precursores de explosivos, combatir la financiación y prevenir la radicalización son algunos de los temas principales.

Si bien es cierto que el modus operandi de los últimos atentados (atropello masivo de viandantes) hace que sean difíciles de evitar y prevenir, a pesar de que entren en marcha medidas de seguridad en estas materias. Es la amenaza islamista de baja intensidad, con acciones low cost.

La reciente proliferación de estos ataques en suelo europeo ha puesto de relevancia la trascendencia de la cooperación supranacional en materia de seguridad, una realidad que adquiere dimensiones más profundas en Reino Unido. La segunda potencia continental no solo ha sufrido la barbarie con mayor asiduidad este año, sino que ha iniciado el proceso de separación de la UE y, con ello, la reestructuración integral de su relación con un bloque con el que, hasta ahora, mantenía abiertos todos los canales en el ámbito de Inteligencia.

Una vez fuera, Londres tendrá un acceso limitado a la información de Europol y el Gobierno británico podría estar dispuesto incluso a romper la colaboración con la Oficina Europea de Policía, si las condiciones de la salida no se consideran ventajosas. Las consecuencias, serían nefastas: los expertos aseguran que el intercambio de datos cruciales como huellas digitales, o ADN, podría llevar meses, en lugar de días, una vez fuera de la UE.

La propia primera ministra británica, sin embargo, ha reconocido el potencial de este desenlace. En la carta con la que en marzo activaba oficialmente el Brexit, Theresa May admitía que las negociaciones podrían afectar a la lucha contra el terrorismo, si concluían sin acuerdo. Por entonces, May había sido duramente criticada por vincular la seguridad con el divorcio, pero la frecuencia de los ataques acaecidos desde aquel 29 de marzo ha reabierto el debate sobre la necesidad de proteger los vínculos en la lucha contra el yihadismo.

May sabía dónde apuntaba y, no por coincidencia, la misiva que invocaba el Artículo 50 del Tratado de Lisboa mencionaba la seguridad hasta en 11 ocasiones, pese a que había transcurrido tan solo una semana del atropello masivo en el puente de Westminster, que se saldó con cuatro víctimas, el primero de los cuatro atentados de este año.

No en vano, Reino Unido está considerado una referencia en materia de Inteligencia y es una de las potencias militares en el Continente, por lo que la colaboración en seguridad es clave para la UE.

De ahí que May intentase allanar el terreno para el Brexit al advertir de que un escenario sin acuerdo "significaría que la cooperación contra el terrorismo se debilitaría", un "costoso error" que, sin embargo, sería letal también para Londres. Expertos en seguridad han alertado de que el divorcio podría acarrear la pérdida del acceso a bases de datos cruciales, lo que privaría a la Inteligencia británica de instrumentos fundamentales para las investigaciones a escala europea, básicas para la prevención.

En consecuencia, uno de los desafíos de la negociación es intentar mantener la vía abierta, si bien surge un problema: Bruselas podría supeditarla a condiciones difíciles de digerir en Londres, como aceptar las normas comunitarias o, incluso, la preeminencia de la corte europea. En el caso de Cataluña, por el contrario, la complicación viene del hecho de que, según demostró el debate de Escocia, la independencia acarrearía la salida automática de la UE y pasar a la cola de aspirantes, lo que privaría a un eventual estado catalán de la clave cooperación comunitaria que actualmente se juega un gigante golpeado por el terrorismo como Reino Unido.

Medidas extraordinarias

La falta de una política común y contundente en materia de seguridad ha ocasionado que algunos países hayan decidido adoptar medidas extraordinarias, más allá de las decisiones que se tomen en el seno de la UE. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, donde ya se ha aprobado la implementación de pulseras en la pierna para sospechosos de terrorismo, y también se pueden revisar los aparatos electrónicos de los refugiados.

Además, tras la cumbre del G-20, celebrada el pasado mes de julio en Hamburgo (Alemania), se aprobó la simplificación de los procedimientos y la mejora de organismos internacionales como la Interpol.

Otra de las medidas es el refuerzo de la cooperación entre países, pequeño agujero por el que a veces se producen hechos no deseables, como que un terrorista huido que ha atentado en algún país de la UE viaje hacia otro Estado miembro aprovechando la libre circulación de personas. La declaración del G-20 afirma que "actuaremos juntos para garantizar que los estándares de seguridad sean revisados, renovados, adaptados y lanzados teniendo en cuenta riesgos relevantes".

El gobierno de Emmanuel Macron, en Francia, a pesar de haber recortado 850 millones de euros en la partida de defensa, cree que el plan de seguridad antiterrorista francés debe revisarse. Los países en los que hay elecciones próximas (el caso de Alemania) se afanan en establecer como prioritaria la cuestión de la seguridad en sus campañas, pero los abominables ataques terroristas también sirven para hinchar el voto a los partidos ultraderechistas, contrarios a todo tipo de inmigración en la Unión Europea.

EEUU valora la aportación de España a la lucha contra el ISIS

El informe anual sobre las tendencias del terrorismo internacional 'Country Reports on Terrorism 2016', elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, es buena muestra de la imagen que de la actividad antiterrorista que desarrollan los distintos aparatos del Estado español y de nuestras fuerzas de seguridad tiene EEUU. Según el informe, las autoridades españolas han mantenido un "sólido intercambio" de información con sus homólogos estadounidenses y sus socios regionales, como Marruecos y Argelia, con la finalidad de desmantelar redes de reclutamiento y envío de combatientes extranjeros, considerando a España un "importante contribuyente en la Coalición Global contra el Daesh". EEUU considera que nuestro actual marco legislativo en materia antiterrorista se encuentra "maduro", habida cuenta de la larga lucha contra el terrorismo de ETA, llamando la atención sobre la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, sin entrar en otra serie de consideraciones.