El juez niega la libertad provisional a Ignacio González, en prisión por el caso Lezo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido este lunes mantener en prisión incondicional, comunicada y sin fianza al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en la prisión de Soto del Real desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación en la operación Lezo, la trama de corrupción que afectó al Canal Isabel II de Madrid.

En un auto que ha sido notificado este lunes, el juez rechaza la petición de la defensa del expresidente de libertad provisional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional explica que, conforme avanza la investigación, se desprende que González ha podido tener "un papel decisivo y necesario" en los delitos que se investigan en este causa (malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales).

Las penas que conllevan estos delitos, indica García Castellón, ya justificarían el mantenimiento de la prisión incondicional para González, pero además añade que no han variado las circunstancias que en su día motivaron esta medida, sino todo lo contrario. "Asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa", explica.

Otro de los motivos que alega el juez es el riesgo de fuga: "Una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones), patentiza el riesgo de fuga".

En cuanto al acceso a las fuentes de prueba, García Castellón afirma que las diligencias que se están practicando en el juzgado requieren que las actuaciones estén secretas "para evitar coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas". Por ello, el magistrado concluye que se mantienen todos los elementos que llevaron a adoptar la prisión de Ignacio González y que las nuevas pruebas recabadas desde que comenzó la investigación "patentizan la existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito".

Era la segunda vez que el político solicitaba al magistrado que le dejase en libertad argumentando el deterioro físico sufrido desde que se ordenó su ingreso en prisión. El presunto cabecilla de la trama Lezo exponía en un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que existe un desgaste físico y psíquico que le está pasando factura en este tiempo de prisión preventiva que cumple en la madrileña cárcel de Soto del Real.

Exponía que su libertad no es incompatible con la imposición de medidas cautelares por parte del juez instructor como la colocación de una pulsera de seguimiento.

Esta petición se registraba una semana después de que el presunto cabecilla de la trama prestara declaración a petición propia ante el magistrado García Castellón. Como ya hiciera en su primer interrogatorio en dependencias judiciales, González aprovechó para volver a negar ser el responsable de las presuntas irregularidades que se investigan en el Canal de Isabel II.

El juez que comenzó la instrucción del caso Lezo en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decretó el pasado 21 de abril prisión incondicional sin fianza para él y para su hombre fuerte en Sudámerica y expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino. Por estos hechos les imputan los delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación.