Podemos blindó en mayo la dimisión de Pablo Iglesias con un nuevo Código Ético al temer su imputación

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido hoy al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, "que se aplique el código ético de Podemos y dimita", una vez que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar que investigue a Iglesias debido a su condición de aforado, por el delito de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa por su presunta implicación en la 'pieza Dina' que se investiga en el marco del conocido como 'caso Villarejo'.

Sin embargo, Pablo Iglesias no está obligado a dimitir al abrirse una investigación judicial por el actual Código Ético de Podemos, tras su última modificación en mayo de este año, en Vistalegre III -celebrada entre los días 15 y 21 de mayo, cuatro días antes de de que el auto, de  25 de mayo, del magistrado García Castellón, retirara a Pablo Iglesias la condición de víctima o "perjudicado", en la investigación abierta por el robo del teléfono móvil a su antigua asesora Dina Bousselham.

Semanas previas, el magistrado recibía la petición de la Fiscalía Anticorrupción, y reactivaba las pesquisas, cuando la exayudante acudió a declarar y admitió que ella misma había hecho y enviado algunos de los pantallazos de las conversaciones de Telegram que acabaron publicados en medios de comunicación.

Semanas previas a Vistalegre III

Fuentes jurídicas destacan que no se puede olvidar tampoco, la presunta filtración de datos sensibles de la investigación a la defensa de Podemos antes de la apertura de la causa judicial, y la supuesta relación íntima de la abogada con uno de los fiscales, lo que a su vez se vincula con uno de los escándalos internos de la formación a finales de 2019, cuando dos abogados del partido fueron cesados supuestamente por investigar "irregularidades".

En agosto de este año José María Calvente demandó al partido, después de haber sido acusado uno  de abusos sexuales, de lo que posteriormente fue exculpado por los jueces.

En un chat interno de Podemos en Telegram, Ignacio Stampa, uno de los fiscales del caso Tándem —una de las piezas de la operación Villarejo— se hablaba de que habría dado información confidencial a Marta Flor, abogada de Unidas Podemos, relacionada con el caso Dina. Anteriormente, Stampa había sido acusado de incompatibilidades por una supuesta relación sentimental con Flor, que no fue confirmada.

Otro aviso a navegantes fue el del impago de las cuotas de la Seguridad a su asistente por Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos.

Podemos, en 2014, aprobó un código ético por el que cualquier dirigente que estuviera imputado estaba obligado a presentar su dimisión. Sin embargo, tras las primeras acusaciones ante los tribunales, en 2020, la formación morada ha modificado el Código Ético para blindar a sus diputados en caso de ser investigados por los jueces (antes imputados).

Un cambio oportuno

El Código de 2014, en su artículo XI g) se refería a dimisión en caso de ser imputado, procesado o condenado por faltas y delitos que se detallaran en el reglamento a redactar por la Comisión de Derechos y Garantías y a diversos delitos penales, entre los que citaba de forma expresa los de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos.

A partir de 2020, en lugar de por una imputación se ha pasado a regular que solo en caso de ser condenado o procesado. Señala el artículo en cuestión "el compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirá siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos.

No obstante, a pesar de este blindaje de Iglesias, queda aún por ver si cumplirá sus palabras en el debate electoral de 2016 en el que aseguró que en caso de acusaciones de corrupción en su partido asumiría responsabilidades con "apertura de juicio oral y dimisión. Así de rápido y así de concreto".