Franco defiende ante la juez que no había ningún elemento para prohibir el derecho de manifestación el 8-M

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha manifestado al término de su declaración ante la juez Carmen Rodríguez Medel que "no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental" como era el de manifestación el pasado 8 de marzo en Madrid. Ha añadido que su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue con arreglo a la ley y a las recomendaciones de los expertos en la evolución del covid-19. En directo | Última hora sobre el coronavirus

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas tras más de dos horas de declaración como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M, informa EP.

Franco ha añadido que en su decisión influyó que suspender esta marcha suponía no tener en cuenta el derecho de reunión, máxime cuando el mismo fin de semana del Día de la Mujer se celebraron en Madrid otros actos públicos y en los que no estaba en juego un derecho fundamental de este tipo.

Sobre el informe de la Guardia Civil que sugiere que se actuó de forma incorrecta al no prohibir la marcha del 8-M, Franco ha indicado que respeta a la Benemérita "como Cuerpo", pero que no estaba de acuerdo con este informe.

Al mismo tiempo, el delegado ha rechazado pronunciarse, aunque tenga su opinión al respecto, sobre si la juez de esta causa está tratando de hacer una "causa general" contra la gestión del coronavirus por parte del Gobierno, algo que aseguró la Abogacía del Estado en el recurso en el que pidió archivar este procedimiento, recoge Servimedia.

A Franco le acusan varias acciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio. La Fiscalía no encuentra indicios de delito y solicitó el archivo de la causa, al igual que ha hecho su defensa, que ejerce la Abogacía General del Estado, si bien la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid rechazó ayer esta pretensión.