Así es la 'ley Celaá': se podrá aprobar Bachillerato con un suspenso y Religión no contará para nota

La reforma de la Ley Orgánica de Educación que se retoma este martes ha llegado al Consejo de Ministros sin modificaciones. La 'ley Celaá' que busca acabar con la 'ley Wert' elimina los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una "materia específica" de los dos cursos de Bachillerato, y suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno. Además, los alumnos que suspendan una asignatura podrán recoger el título de Bachillerato por compensación.

"Será un sistema educativo de calidad sin itinerarios segregadores", ha dicho la ministra Isabel Celaá hoy durante su presentación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Habrá cuatro ciclos: de 0 a 3 años, la etapa de Primaria (seis cursos) y la Secundaria, a partir de 13 años, una "etapa crucial" según ha descrito Celaá. "Establecemos una ancha avenida" para evitar a los alumnos coger caminos que luego no puedan echar atrás en el camino al Bachillerato o a la FP de grado medio.

Además, Celaá ha anunciado que en el plazo de un año se desarrollará una mejora en la formación del profesorado, que estará acompañado en su primer año del colegio para asegurar una adaptación plena al sistema.

Celaá apuesta por una "enseñanza personalizada" para desarrollar el talento del alumno en todo el ciclo educativo, con especial hincapié en el desarrollo sostenible y en las tecnologías. "Se va a un currículum mucho más competencial, menos académico.

Algunas claves

El proyecto ya presentado en 2019 incorpora la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y "prestará especial atención el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad entre hombres y mujeres".

En ese primer borrador también se incorpora la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como "lengua vehicular", con el objetivo de que los alumnos y alumnas sepan expresar y comprender ambas lenguas al finalizar la educación obligatoria. "A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes", se lee en el documento.

El título de Bachillerato con una suspensa

La 'Ley Celaá' recoge también la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa, como defendió la ministra Celaá, que considera la medida "un gran favor" a los alumnos emulando la aprobación por "compensación" que existe en la universidad.

"El Gobierno, oídas las comunidades autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo dicente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese título", según recoge el borrador del anteproyecto de ley presentado en 2019.

En las anteriores etapas educativas, la propuesta del Ministerio de Educación subraya que la repetición de curso sea algo "excepcional". Por ejemplo, en Primaria se acota la repetición a "una vez durante toda la etapa", y debe realizarse con "un plan específico de refuerzo".

En Secundaria se podrá "repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa". "En todo caso, las repeticiones se planificarán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas", se añade en el articulado.

Otra de las medidas anunciadas por Celaá para reformar los "aspectos más lesivos" de la LOMCE, como eliminar la "demanda social" como criterio para la planificación escolar, se incorpora al proyecto de ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, donde desaparece este "eufemismo", en palabras de Celaá, para "propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada", según la ministra.

"La enseñanza básica, obligatoria y gratuita, se programará por las administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados", es la redacción que propone el anteproyecto para el controvertido artículo 109.2 de la LOMCE, eliminando la "demanda social". Además, el anteproyecto especifica que "las administraciones educativas planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población".

En cuanto a la admisión del alumnado, la propuesta de modificación de ley orgánica educativa del Gobierno socialista incluye a las familias monoparentales, a las víctimas de la violencia de género o de terrorismo, entre los grupos que, en caso de insuficiencia de plazas escolares, tendrán prioridad.