La hoja de ruta soberanista fía su futuro próximo a la batalla judicial

La estrategia del independentismo catalán sigue el refrán de A Dios rogando y con el mazo dando, y mientras prepara la mesa de negociación bilateral con el Gobierno central para exigir a Pedro Sánchez "el derecho de autodeterminación y el fin de la represión", persigue en las instituciones judiciales europeas invalidar las decisiones de la Justicia española respecto al procés. De todas formas, en paralelo, la estrategia soberanista debe afrontar todavía decisiones del sistema judicial estatal y peticiones de España a la UE, que condicionarán la política catalana en los próximos meses.

El caso que puede tener mayor repercusión a corto plazo es la probable inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia reconocida, al negarse a retirar símbolos independentistas de los edificios de la administración catalana durante el periodo electoral de la pasada primavera. De momento, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha emitido fallo condenatorio de inhabilitación durante un año y medio y multa de 30.000 euros, y por ello la Junta Electoral Central (JEC) decidió la retirada inmediata de su acta de diputado del Parlament, si bien la Cámara catalana, con mayoría independentista y el apoyo de Catalunya en Comú Po-dem y del PSC, ha ratificado a Torra como diputado y como presidente catalán, mientras no haya sentencia firme del Tribunal Supremo, ante el que el presidente catalán ya anunció que presentaría recurso. Así, la sentencia firme no llegará hasta dentro de dos meses en el mejor de los casos, o hasta seis si las partes presentan alegaciones en los diversos pasos del proceso.

Desde el Gobierno catalán y la presidencia del Parlament -en manos de Roger Torrent, de ERC- evitan avanzar si acatarán la sentencia firme o la desobedecerán, pero Torra ha reconocido que, si es inhabilitado, aunque prevé recurrir hasta instancias europeas, el escenario más probable es el de elecciones autonómicas, ya que si el Parlament no consensúa un nuevo presidente en 10 días desde su destitución, se deberán convocar comicios autonómicos (ver gráfico).

El futuro político del expresidente catalán y ahora eurodiputado Carles Puigdemont también está pendiente de una decisión jurídica en un plazo similar al de Torra, de dos meses como muy pronto, aunque puede alargarse hasta antes de verano. Se trata del suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo al Parlamento Europeo para levantar su inmunidad y la del exconseller Toni Comín, también con escaño en la Eurocámara, para juzgarles en España por su implicación en el procés.

El procedimiento se activó el jueves, 16 de enero, pero debe tratarlo la comisión de Asuntos jurídicos, lo que se prevé para su reunión del 27 y 28 de enero como punto de partida. Entonces, deberá elegir un ponente que elaborará el informe sobre el suplicatorio que será sometido a votación, tanto en la misma comisión como después en el pleno europeo. El ponente no podrá ser un eurodiputado español, lo que excluye de la adjudicación al grupo socialdemócrata, ya que la persona que eligieron al inicio de la legislatura fue el español del PSOE Iban García.

Pero, mientras tanto, Puigdemont quiere volver a España para visitar a los presos soberanistas y sigue batallando con un recurso, aduciendo que el suplicatorio lo debe presentar el Gobierno español y no el Supremo, pese a que así lo preveía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del 19 de diciembre, que avaló la inmunidad de Oriol Junqueras y que sirvió a Puigdemont y Comín para convertirse en eurodiputados, tras lo cual la Justicia belga decidió suspender el trámite de sus órdenes de extradición a España.

Permisos para los presos

Y mientras el anterior presidente catalán sigue esquivando a la Justicia española por su implicación en el referéndum de 2017, los presos soberanistas condenados empiezan a disfrutar de los primeros permisos penitenciarios. Los primeros en recibir autorización para una salida de 48 horas han sido el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al haber cumplido ya una cuarta parte de su condena. El resto de presos, todos en segundo grado, también prevén ir pidiendo permisos ordinarios o para trabajar, realizar labores de voluntariado o cuidar de familiares dependientes.